¿Sentiste el temblor este lunes en la Región Metropolitana?: Sismo sacudió la zona centro-norte del país
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Según el vendedor de la empresa de insumos médicos, la bonificación entregada a Daniel Jadue ascendería a 20 millones de pesos.
El Ministerio Público mantiene una investigación contra la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP), debido a una deuda de más de $1.200 millones con una empresa comerciante de mascarillas y otros insumos médicos.
Según reveló T13, son tres los involucrados en la investigación: Matías Muñoz, identificado como exfuncionario de la municipalidad de Recoleta, César Ramírez, vendedor de la empresa de insumos médicos Best Quality SPA y Daniel Jadue, alcalde de Recoleta.
En el reportaje César Ramírez asegura que Matías Muñoz le ofreció hacer tratos directos con la municipalidad de Recoleta para ser proveedor de la Asociación de Farmacias Populares, donde Daniel Jadue era presidente y a la que pertenecieron más de 90 municipios.
En ese sentido, reveló que Matías Muñoz concertó una reunión con Daniel Jadue, donde el alcalde le exigió una bonificación por las ventas.
Según el vendedor de la empresa de insumos médicos, la bonificación entregada ascendería a 20 millones de pesos, cifra que habría sido pedida por el exfuncionario de Recoleta.
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Ramón Sepúlveda, abogado de Daniel Jadue y Matías Muñoz, asegura que la acusación es falsa y que nunca se reunieron con el alcalde: "Ellos tienen una conversación con Matías Muñoz, donde hablan un tema puntual, pero no hay un contexto".
Agregando que "el alcalde en ningún momento se reunió con ellos, en ningún momento pidió ningún tipo de bonificación y lo que acá tenemos es una utilización del sistema penal para buscar presionar a la gente de la ACHIFARP y que efectivamente le paguen los montos".
"Consideramos absolutamente irrisorios y lucrar con los que fue la pandemia con los vecinos de esa comuna", concluyó Ramón Sepúlveda.
Cabe destacar que los antecedentes del caso fueron remetidos al Consejo de Defensa del Estado, mientras la ACHIFARP enfrenta su juicio de liquidación forzosa por las deudas acumuladas.
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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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