Diputada Camila Flores solicitó al Servel que informen sobre el proceso para que reos voten en el plebiscito

El presidente del Servel, Andrés Tagle, recientemente confirmó que las personas privadas de libertad podrán participar en el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas, que son no estar condenados por un delito de pena aflictiva (más de tres años y un día) o por algún delito relacionado al terrorismo.

Al ser la primera vez que los reos podrán ejercer su derecho a voto en un plebiscito, la congresista de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, envió un oficio al Servel para que transparente cómo será el trabajo de coordinación internamente, de qué manera se realizará y si se van a considerar medidas excepcionales. También, enfatizó en que se debe informar la cantidad de apoderados que podrán ingresar a los penales.

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“El Servicio Electoral ha informado que se van a instalar mesas de votación en distintos centros penitenciarios del país para que los reos que cumplan con las condiciones puedan ejercer el derecho a voto, este va a ser un proceso inédito en Chile", comentó la diputada.

"Y por lo mismo he pedido que den a conocer cuáles son las coordinaciones entre el Servel, Gendarmería y el Ministerio de Justicia para garantizar la transparencia y seguridad del plebiscito, considerando todas las complicaciones logísticas que podrían existir”, agregó Flores.

Resguardar la seguridad de apoderados de mesa

Por otra parte, la diputada perteneciente a RN, expresó que, “otro tema de preocupación es cómo se va a realizar el ingreso de los apoderados de mesa a las cárceles. En este punto nos parece fundamental  saber si Gendarmería y/o el Servel investigarán si los futuros apoderados tienen  una conexión directa o indirecta con algún reo, también si va a existir algún registro previo de quienes tendrán la autorización para ingresar  y saber de los recursos que se destinarán para la implementación de la jornada”.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Justicia -actualizada a la segunda semana de mayo de 2022-, actualmente 7.176 personas privadas de libertad están habilitadas para sufragar.

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