El financiamiento a las organizaciones que desarrollan iniciativas en deporte, cultura y seguridad es esencial para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Sin embargo, la actual gestión de los fondos del 8% por parte del Gobierno Regional, liderado por Claudio Orrego, junto con la falta de respuesta del Gobierno Central, refleja una preocupante desconexión con las necesidades reales de los territorios.
En 2025, no se entregarán recursos a las organizaciones, sino que solo se abrirá el proceso de postulación, dejando la asignación de fondos para 2026. Esto significa que durante un año entero, numerosos proyectos quedarán sin el respaldo financiero necesario para su continuidad.
A esto se suma un problema arrastrado desde 2024: muchas entidades aún no han recibido los fondos que debieron haber llegado ese año, afectando la ejecución de programas esenciales. La falta de cumplimiento en los plazos genera incertidumbre y pone en riesgo la estabilidad de iniciativas clave en distintas comunas.
Además del retraso en la entrega de recursos, se ha producido un cambio en su distribución. Anteriormente, el 90% de los fondos se destinaba a iniciativas comunales y el 10% a proyectos regionales. Sin embargo, el Gobierno Regional decidió aumentar su propio presupuesto a un 19%, reduciendo el porcentaje asignado a las comunas al 81%. Este ajuste limita el acceso de más organizaciones a estos recursos, ya que una mayor proporción de los fondos queda bajo la administración central del Gobierno Regional, en lugar de ser distribuidos directamente entre las organizaciones que operan en los territorios.
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La responsabilidad de esta situación recae tanto en el Gobierno Regional como en el Gobierno Central, que deben garantizar que estos recursos lleguen de manera oportuna y eficiente. Es fundamental que las autoridades revisen estas decisiones para evitar que programas fundamentales queden en pausa por problemas administrativos.
La reducción del gasto fiscal no debería traducirse en el recorte de fondos para organizaciones sociales que realizan un enorme trabajo en cada territorio en materias como deporte, cultura y seguridad. Si realmente se busca eficiencia en el uso de los recursos públicos, la prioridad debería ser disminuir el crecimiento desmedido del aparato estatal, no debilitar el apoyo a quienes generan un impacto real en la comunidad.
