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El reconocido comunicador de televisión, Francisco Kaminski, vuelve a aparecer en la polémica, esta vez por un informe emitido por la Contraloría General de la República.
El documento detecta posibles irregularidades en la organización del Festival Guatón Loyola, evento que reunió miles de personas en Los Andes y que en su edición de 2017 tuvo a figuras como el grupo Ráfaga, Franco Simone y el humorista Álvaro Salas, según la información entregada por Chilevisión Noticias
De acuerdo a la investigación, la productora vinculada a Francisco Kaminski, que también ganó la licitación en 2018, habría firmado contratos con artistas incluidos en la licitación antes de que esta se hiciera pública.
NUEVA PROBLEMA PARA KAMINSKI
En este contexto, la situación abre la sospecha de un eventual conflicto de interés y del uso de información privilegiada en al menos dos ediciones del festival.
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Es más, aunque en el papel Francisco Kaminski ya no figuraba como socio de la empresa Sin Frenos durante el año 2018, la Contraloría encontró nexos directos.
El informe fue contundente y reveló que las facturas de la productora usaban la misma dirección registrada para los pagos que Francisco Kaminski recibía de forma aparte como empleado a honorarios en Los Andes.
Ese último contrato se realizó para colaborar con las actividades de Fiestas Patrias de 2018, las mismas que tenían al Festival Guatón Loyola como su mayor atractivo.
LICITACIONES TURBIAS
El municipio, además de la licitación principal, firmó otros 11 contratos de trato directo con la productora para artistas, animadores y rostros de TV.
Y solo en la edición de 2018 se pagaron cerca de $125 millones a la misma productora por ese tipo de ítems.
Del mismo modo, el reporte realizado por Chilevisión indica que esos contratos fueron adjudicados sin mayor competencia, lo que refuerza la idea de que hubo un acceso privilegiado a la información del proceso.
En el reporte también se constató que los mismos responsables de la productora Sin Frenos crearon otra empresa, Kamaca Producciones, y ganaron la licitación en 2019 para el mismo Festival.
Desde el órgano fiscalizador explicaron que ese tipo de movimientos buscarían ocultar la reiteración de contratos durante varios años entre una empresa y una municipalidad.
En total, para las ediciones de 2017 y 2018, se pagaron más de $200 millones a la productora.
