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Universidad de Chile vive un gran momento deportivo, pero una decisión de la justicia golpea sus finanzas justo antes del crucial enfrentamiento contra Universidad Católica
En un destacado momento deportivo bajo el mando de Gustavo Álvarez, los azules enfrentan una dificultad económica a pocos días del clásico universitario contra la UC. El equipo azul recibió un contundente revés judicial que impactará directamente en sus finanzas, obligándolo a pagar montos superiores por utilizar el Estadio Nacional como su recinto local.
La controversia se originó el pasado 5 de febrero, cuando en la Municipalidad de Ñuñoa se aprobó un incremento en los costos por derechos de uso del principal escenario deportivo del país.
Esta determinación se fundamenta en los efectos negativos que generan los encuentros del conjunto azul en la zona, incluyendo acumulación de residuos, vehículos estacionados irregularmente y deterioro de infraestructura pública.
A pesar de las gestiones legales iniciadas por Azul Azul, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago falló unánimemente en contra de lo que pedían. La resolución judicial respaldó la postura municipal, señalando que el decreto municipal cuenta con sustento legal, cumple principios de transparencia y fue emitido dentro de las atribuciones del órgano municipal.
Este aumento en los costos impactará en las arcas del los azules justo cuando se le avecina un mes crucial, con cinco compromisos consecutivos en el recinto de Ñuñoa, primero el Clásico Universitario frente a la UC este sábado 3 de mayo, seguido por enfrentamientos ante Estudiantes por Copa Libertadores (7/05), Recoleta por Copa Chile (10/05), Carabobo por Libertadores (13/05) y finalmente Huachipato por el torneo de Primera División (18/05).
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Desde la directiva azul calificaron la medida como repentina y un gasto desproporcionado, pero la justicia terminó respaldando al municipio actualmente comandado por Sebastián Sichel, reconocido seguidor del conjunto estudiantil, quien decidió subir la tarifa que anteriormente había sido pactado con la administración de la exalcaldesa Emilia Ríos.
