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Izkia Siches y Marcela Ríos, ministras del Interior y de Justicia, respectivamente, anunciaron que la medida busca reestablecer la paz social. Esto no significa la liberación de los detenidos, pues sólo involucra que el Estado dejará de ser querellante.
Antes de asumir con todas las de la ley el Gobierno, la administración Boric tomó su primera medida y no sin polémica. Es que las futuras ministras Izkia Siches, del Interior, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron el retiro inmediato de las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que afectan a todos los presos del estallido social.
Las futuras autoridades, además, confirmaron la creación de una mesa de reparación para las víctimas de DD.HH.
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— La Hora (@DiarioLaHora) March 11, 2022
A través de un comunicado, las secretarias de Estado recordaron que esta medida se debe a “una promesa plasmada en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”.
La misiva detalla que “se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violación de derechos humanos”, que estará a cargo de la próxima subsecretaria, Haydee Oberreuter, y que desde el Ministerio de Economía “se apoyará a micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones del estallido social”.
Con respecto a la ayuda a las pymes, las autoridades comunicaron que “como parte de la agenda de recuperación inclusiva, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando así que vuelvan a estar disponibles para emprender“.
Para las secretarias de Estado, las medidas informadas buscan reconstruir las confianzas y la paz social que se ha ido perdiendo a través de los distintos acontecimientos sociales y políticos.
“Para el gobierno del presidente electo Gabriel Boric es importante la voluntad política de reconstruir confianzas, y avanzar hacia la paz social“, finalizaron.
Cabe destacar que el Ejecutivo decida retirar estas querellas no significa que los imputados queden libres y que los tribunales levanten o cambien la cautelar de prisión preventiva en los casos que corresponda. El único efecto inmediato tiene esta medida es que el Gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, deja de ser querellante de estas causas judiciales.
