Una tormenta perfecta: se complica el panorama judicial de Joaquín Lavín León ante nuevas imputaciones
Entre las nuevas aristas aparece una eventual conexión con la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante.
El panorama judicial del exdiputado Joaquín Lavín León sumó un nuevo capítulo luego de que el Servicio Electoral (Servel) presentara una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades vinculadas a financiamiento electoral y manejo de datos utilizados en campañas políticas.
Según los antecedentes conocidos, el Servel identificó eventuales inconsistencias en rendiciones de gastos de campaña asociadas al exparlamentario y a personas de su entorno político. El organismo también advirtió indicios sobre un posible uso indebido de información obtenida a través de plataformas digitales y bases de datos, las que habrían sido utilizadas en procesos electorales recientes.
Según pudo constatar Mega Investiga, el documento advierte posibles inconsistencias en gastos rendidos durante campañas de 2021 asociados a servicios prestados por la empresa Modo 74 SpA y a la utilización de la plataforma tecnológica SocialTazk.
Sobre ese mismo tema, uno de los principales focos está puesto en la campaña parlamentaria de Lavín León de 2021. Según los antecedentes examinados por el Servel, en la rendición electoral se incorporaron facturas emitidas por Modo 74 por un total de $12 millones.
Con esta nueva arista, el foco se amplía hacia el ámbito electoral y el cumplimiento de las normas que regulan la transparencia y el financiamiento de campañas.
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Funcionarios fantasmas
Por si fuera poco, la audiencia también formalizará antecedentes sobre presuntas contrataciones irregulares con fondos del Congreso.
Uno de los casos corresponde a Shigue Kazu Ogino Vargas, a quien el equipo del exdiputado habría contratado como apoyo parlamentario en 2021. Acorde a la investigación, no habría ejercido funciones legislativas reales, sino actividades vinculadas al entorno político del entonces diputado.
Durante ese periodo, el Congreso habría desembolsado más de $2,5 millones en remuneraciones.
La segunda imputada es Belén Esperanza Carrasco Riquelme.
La Fiscalía sostiene que Joaquín Lavín León y su entonces administrador de confianza, Arnaldo Domínguez, habrían coordinado durante años una contratación que sólo existía en el papel.
Según antecedentes, Carrasco fue incorporada como asesora parlamentaria y recibió pagos financiados con recursos públicos pese a que, al menos desde 2018, no habría realizado labores para el equipo del diputado.
De este modo, la audiencia de Lavín León, fijada para el próximo 8 de julio, será el primer hito judicial donde ambas aristas convergerán formalmente ante el tribunal.
