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Uno de los anuncios que más repercusiones generó durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast fue la creación del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, proyecto que forma parte de su agenda de seguridad.
La propuesta apunta a identificar a las personas condenadas por una serie de delitos e infracciones vinculadas al vandalismo, los desórdenes públicos y determinadas conductas consideradas incívicas.
Según explicó el mandatario, el objetivo es establecer consecuencias adicionales para quienes dañen bienes públicos o privados, afecten la convivencia en los barrios o atenten contra la infraestructura urbana.
De acuerdo con los antecedentes entregados por José Antonio Kast, quienes ingresen a este registro podrían perder el acceso a beneficios estatales como la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) o subsidios habitacionales y de arriendo.
¿Qué conductas aluden al ''vandalismo''?
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Entre las conductas que podrían derivar en la incorporación al registro aparecen delitos como agresiones a funcionarios policiales, daños a monumentos nacionales, destrucción de infraestructura pública, interrupción del transporte público o ataques a bienes fiscales.
Además, la iniciativa también considera ciertas incivilidades, entre ellas rayados no autorizados, consumo de drogas en espacios públicos, venta ilegal de alcohol y daños reiterados al mobiliario urbano.
Por ahora, la iniciativa impulsada por Kast deberá iniciar su tramitación en el Congreso, donde se anticipa una discusión intensa tanto por las conductas que serán incorporadas al registro como por las sanciones asociadas a quienes formen parte de él.
