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Según detalla una carta entregada a las autoridades del lugar, una agrupación llamada "Playa Luna" se hacen pasar por administradores, asegurando contar con una concesión marítima que —afirman los denunciantes— no habría sido acreditada formalmente ante quienes lo solicitaron.
De acuerdo al documento, estas personas se atribuyen facultades para imponer reglas de uso del espacio, restringir accesos y confrontar a visitantes que no se ajusten a sus indicaciones.
Uno de los episodios descritos habría ocurrido en febrero de 2022, cuando un joven con discapacidad fue increpado mientras se encontraba en la playa junto a su familia. En el relato se señala que el hombre lo habría grabado sin su consentimiento y posteriormente lo habría agredido físicamente, situación que generó la intervención de terceros presentes en el lugar.
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Los firmantes sostienen que estos hechos no serían aislados, sino que existen antecedentes de situaciones similares en años anteriores, las que —según indican— se remontarían incluso a mediados de la década del 2000. A pesar que, lejos de cesar tras las quejas presentadas en 2022, las conductas se habrían mantenido en el tiempo y actualmente —afirman— que han escalado a amenazas directas y confrontaciones verbales con visitantes, generando un clima de tensión permanente en el sector.
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En la carta, los denunciantes solicitan que las autoridades competentes —considerando que en Chile ninguna playa es de carácter privado y su acceso es público por ley— que verifiquen la existencia y alcance de cualquier eventual concesión, adoptando medidas que garanticen el libre acceso y la seguridad de quienes visitan Playa Luna.
Cabe destacar que hasta ahora, no se consigna en la carta una respuesta oficial por parte de las instituciones aludidas y que los hechos continúan en desarrollo.
