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Locatarios se han visto perjudicados por una decisión municipal que cesó el funcionamiento de un estacionamiento vehicular, entre los paraderos 17 y 23 de Gran Avenida.
Una luz de esperanza se abre para cientos de trabajadores y emprendedores de la histórica Gran Avenida. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible el recurso de protección presentado por los locatarios del sector, representados por el Comité de Defensa y Desarrollo de la Gran Avenida, en contra de la Municipalidad de La Cisterna, su alcalde Joel Olmos, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La acción judicial surge luego de la drástica y abrupta decisión municipal de poner fin a un permiso vigente desde el año 2002, que autorizaba el estacionamiento vehicular entre los paraderos 17 y 23 de Gran Avenida, medida fundamental para el funcionamiento del comercio local.
Los locatarios contaban con una autorización formal establecida mediante el Decreto Alcaldicio N°2057, con fecha 25 de julio de 2002, que permitía el estacionamiento de clientes y vehículos de carga y descarga entre las 10:00 y las 17:00 horas. Este permiso no fue un privilegio arbitrario, sino una herramienta de desarrollo económico, creada precisamente para sostener la actividad comercial en una de las arterias más importantes y tradicionales de la comuna.
Durante más de dos décadas, este decreto permitió que pequeños y medianos comerciantes consolidaran sus negocios, generaran empleo y construyeran una fuente de sustento para miles de familias.
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Sin embargo, hace dos meses y medio, el alcalde Joel Olmos decidió ignorar completamente este decreto, así como las razones técnicas, económicas y sociales que motivaron su implementación, dejando sin efecto el permiso de estacionamiento.
La medida ha tenido un impacto inmediato y devastador. Según cifras entregadas por los propios locatarios, muchos negocios ya registran caídas en sus ventas de hasta un 50%, situación que ha obligado a iniciar los primeros despidos. Y la proyección es aún más alarmante: si la medida se mantiene, vendrán más desvinculaciones y un aumento del desempleo a niveles preocupantes.
En esta zona comercial, con más de 100 años de historia, existen más de 800 locales, que generan empleo directo a más de 2.800 trabajadores, todos hoy en riesgo. No se trata solo de cifras: son familias completas que dependen de la actividad de Gran Avenida y que hoy ven amenazada su estabilidad económica.
Uno de los aspectos más llamativos —y polémicos— del caso es que el estudio técnico que habría justificado esta decisión municipal fue realizado tomando muestras de flujo vehicular en horarios distintos a aquellos en que regía el permiso de estacionamiento, es decir, fuera del tramo horario autorizado por el decreto desde hace más de 20 años.
Para los locatarios, esta situación no solo resulta insólita, sino profundamente injusta, ya que se adoptó una medida de alto impacto social basada en antecedentes que no reflejan la realidad del funcionamiento del comercio.
El conflicto también abre un cuestionamiento de fondo al discurso del alcalde Joel Olmos, quien públicamente ha señalado estar "del lado del comercio", mientras que en la práctica impulsa una decisión que —según los afectados— está asfixiando la principal fuente de desarrollo económico de la comuna.
Ante la negativa del alcalde a dialogar o reconsiderar la medida, los locatarios se vieron obligados a recurrir a la justicia. La admisibilidad del recurso por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel no resuelve aún el fondo del conflicto, pero sí representa una señal clara de que existen argumentos jurídicos que deben ser revisados.
Para los trabajadores y emprendedores de Gran Avenida, esta resolución judicial renueva la esperanza de que se restablezca un derecho adquirido y se evite un daño mayor: más locales cerrados, más despidos y más familias sin sustento.
El futuro de Gran Avenida —y de miles de empleos— está hoy en juego.
