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Paula Narváez y quienes la acompañaban fueron rescatados por personal de emergencia.
Yuri Ramírez, presidente del Comité de defensa y desarrollo de la Gran Avenida, asegura que el impacto de la medida adoptada por el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos que comenzó a hacerse efectiva hace dos meses y que consiste en retirar el permiso de estacionamiento existente entre los paraderos 17 y 23, ya ha provocado bajas de hasta un 50 % en las ventas de numerosos locales.
Este escenario amenaza directamente el empleo de más de 2.800 trabajadores, pertenecientes a cerca de 800 locales comerciales afectados
¿Cuál es el origen de esta medida?
Para nosotros resulta imposible de entender. Se trata de una medida insólita, basada en un estudio solicitado por la concejala Mónica Quezada. El problema es que dicho estudio considera un horario que no coincide con el de estacionamiento que teníamos permitido hasta hace dos meses y que hoy se nos prohíbe (de 10:00 a 17:00 horas).
Cabe señalar que el permiso de estacionamiento que rigió durante años fue formalmente autorizado mediante el Decreto Alcaldicio N.º 2057, de fecha 25 de julio de 2002, el cual permitía el uso del espacio entre los paraderos 17 y 23 de la Gran Avenida bajo un horario restringido.
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Sin embargo, este derecho fue eliminado mediante el Decreto Alcaldicio N.º 2844, de fecha 16 de mayo de 2025, cuya aplicación comenzó a hacerse efectiva hace aproximadamente dos meses, generando el grave impacto que hoy enfrentamos.
Incluso, el propio informe que sustenta esta decisión presenta conclusiones ambiguas en el documento emitido por La Dirección de Transporte Público Metropolitano. En el Oficio N.º 3849/2025 se señala lo siguiente:
"No obstante lo indicado, es importante mencionar que en visitas a terreno efectuadas por profesionales de nuestra institución, se ha constatado la presencia de vehículos particulares, de transporte privado y de carga, estacionados u obstaculizando el flujo de buses en la pista solo bus del eje Gran Avenida, entre las calles Lo Ovalle y Américo Vespucio".
Este extracto, firmado por la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, carece de argumentos técnicos contundentes que justifiquen una medida tan drástica como la adoptada por el alcalde Joel Olmos, la cual afecta directamente a locatarios y trabajadores de la Gran Avenida, eje fundamental del desarrollo económico de la comuna.
Lo más grave es que se desconoce un derecho adquirido, formalizado mediante decreto alcaldicio vigente desde 2002, cuando las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Miguel se unieron para lograr un permiso de estacionamiento con horario restringido. A ese derecho es al que estamos apelando de manera urgente.
¿Cómo fue que obtuvieron ese derecho?
Esto ocurrió el año 1998, cuando, como Comité de Defensa y Desarrollo de la Gran Avenida, logramos el derecho a la no expropiación, una propuesta que comprendía todo el costado poniente, a 15 metros desde la línea de edificación, y cuya amenaza provocó el cierre del 30 % de los locales de la época.
En ese contexto, nos organizamos para impedir una medida que ponía en riesgo el funcionamiento normal del comercio, los colegios y los edificios del sector.
Posteriormente, en el año 2002, el Comité de Defensa y Desarrollo de la Gran Avenida consiguió que el entonces alcalde, Santiago Rebolledo Pizarro, dictara un decreto alcaldicio que autorizaba el uso del espacio para estacionar vehículos entre los paraderos 17 y 23 de la Gran Avenida, en el horario comprendido entre las 10:00 y las 17:00 horas, tanto para carga y descarga de productos como para el uso de los compradores, quienes son, en definitiva, la razón de ser de este comercio.
La eliminación de esta autorización, ratificada en 2002 y revocada en 2025, ha provocado que los clientes dejen de acudir, poniendo al comercio de la Gran Avenida en una situación crítica, de verdadera supervivencia.
¿Cómo han percibido las bajas en las ventas?
Existen casos dramáticos en los que las ventas han caído hasta en un 50 %; en otros, la disminución alcanza el 40 % o el 30 %. Algunos locales ya se han visto obligados a despedir trabajadores, mientras otros intentamos resistir lo máximo posible antes de dejar a alguien sin empleo.
Sin embargo, con este nivel de disminución en la afluencia de clientes, la situación resulta insostenible para cualquier negocio.
Quienes necesitan comprar repuestos, materiales o insumos para sus locales no pueden prescindir del uso de un vehículo. Y quienes lo hacen se exponen a multas de hasta 100 mil pesos, muchas de las cuales, en un inicio, fueron cursadas de manera ilegítima por guardias municipales no autorizados para esa función. Todo ha sido irregular desde el comienzo, y esa es la profunda impotencia que sentimos.
¿Quién es, a su juicio, el principal responsable de esta decisión?
Claramente, el único responsable es el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos. Él tenía la facultad de mantener el acuerdo vigente. El hecho de que no haya considerado estos antecedentes nos parece gravísimo y hace aún más urgente que reconsidere la medida.
Más aún cuando existen testigos de que, durante su primer mandato, su compromiso con los locatarios fue que nunca eliminaría la autorización de estacionamiento que nos protegía mediante decreto alcaldicio dictado en 2002.
Cabe recordar que el alcalde Olmos ya había cometido un error significativo al término de la pandemia por COVID-19, cuando incrementó el valor de las patentes y de la publicidad en la vía pública, incluso a locales que no ofrecían productos de primera necesidad y que intentaban subsistir tras casi un año sin poder funcionar con normalidad.
¿Qué otros efectos ha generado la prohibición de estacionamiento?
El aumento de los actos delictivos es una de nuestras mayores preocupaciones. Se han registrado robos a vehículos de clientes que se estacionan en calles paralelas, quienes no solo sufren daños en sus automóviles, sino que además han sido asaltados y despojados de sus compras.
¿Han intentado reunirse con el alcalde para exponer estos puntos?
Las solicitudes de reunión con el alcalde han sido constantes y reiteradas, sin obtener respuesta. Nunca ha querido recibirnos. En su lugar, la Cámara adoptó una postura contraria a los comerciantes, negando en un inicio el término de los estacionamientos y, posteriormente, señalando que se encontraba negociando con Joel Olmos un eventual horario de carga y descarga.
En todo momento mantuvo una actitud servil frente a la autoridad comunal, desconociendo y desvirtuando el objetivo principal de la Cámara, que es velar por los intereses de sus asociados. Cabe señalar, además, que se trata de una organización que ha funcionado de manera irregular desde el 31 de marzo de 2020, fecha en que su directiva concluyó su período sin convocar a elecciones.
Esta situación se extendió durante cinco años y ocho meses, hasta noviembre de 2025. Además, contamos con antecedentes que indican que dicho organismo no realiza declaraciones ante el SII y cobra cuotas en efectivo a sus socios sin entregar recibos.
En este contexto, afirmamos que la Cámara de Comercio de La Cisterna opera bajo la influencia indirecta de Margarita Llorens, reconocida como colaboradora cercana del alcalde Joel Olmos, quien se desempeña como secretaria de la Cámara desde 2021, sin reelección de por medio. Ella se ha enfrentado de manera violenta con algunos locatarios cuando hemos exigido el respeto de nuestros derechos, lo que resulta especialmente grave tratándose de una entidad creada para proteger el comercio local.
¿Piensan adoptar acciones legales?
Ante la drástica decisión del municipio de prohibir el estacionamiento entre los paraderos 17 y 23 de la Gran Avenida, el jueves 8 de enero se presentó un recurso de protección ante la justicia en contra de la Municipalidad de La Cisterna, representada por el alcalde Joel Olmos, y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Este recurso se fundamenta en los actos arbitrarios e ilegales contenidos en el Decreto Alcaldicio N.º 002844 y en el Oficio N.º 3849/2025, firmado por la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, los cuales vulneran gravemente las garantías constitucionales del derecho a la igualdad y del derecho de propiedad.
Lamentablemente, al no ser escuchados, es la unica manera que tenemos de luchar por los derechos de los comerciantes que, desde hace más de 100 años, han trabajado incansablemente para convertir a la Gran Avenida en un verdadero motor del desarrollo económico de la zona.
