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La Contraloría General de la República ha descubierto recientemente que existen pasos irregulares de inmigrantes por la zona fronteriza de Colchane, Región de Tarapacá. A su vez, el paso ilegal de personas sin identificar no se limita a solo eso, sino que también se han detectado problemas operativos y ausencia de personal de seguridad para que controle el sector en la prevención de delitos.
El sector, ubicado entre Chile y Bolivia, ha sido el epicentro, desde hace varios años, de innumerables delitos y faltas, tales como tráfico de drogas e inmigrantes, ingreso de productos alimenticios sin declaración, y hasta contrabando.
Según comentan otros medios de comunicación, la razón fue dada a conocer al público en septiembre del presente año, gracias a una fiscalización que realizó la contralora general, Dorothy Pérez, junto con las autoridades regionales.
Peligros inminentes para la ciudadanía
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La contraloría se ha percatado que tanto el Servicio Nacional de Aduanas como la Policía de Investigaciones no poseen los suficientes recursos y materiales para hacer los controles por los pasos fronterizos. Por ende, los delitos siguen en aumento, mientras que la migración, en simultáneo, se desborda.
Asimismo, el organismo estatal ha denunciado que existe una cantidad limitada de funcionarios policiales para custodiar la frontera; aunque, también indica el ente del gobierno, se están realizando todos los esfuerzos para combatir el problema subyacente.
Pero los problemas no finalizan allí, puesto que algunas cercas que estaban cubiertas con mallas en la delimitación de la frontera, fueron destrozados por desconocidos y, actualmente, se registran a diario cruces no habilitados.
Soluciones a largo plazo
En primera instancia, la contraloría ordenó a la PDI para que haga uso efectivo y responsable del Body Scan, el cual es un aparato electrónico de rayos X. También ha solicitado que asegure la presencia de personal capacitado de la Brigada Antinarcóticos para combatir el tráfico de sustancias ilícitas.
A su vez, se obligó a que la respectiva aduana del sector ponga en el sector fiscalizadores que, en paralelo, tengan la capacidad para optimizar el uso del scanner de vehículos.
Por último, el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) deberá contar con el correcto funcionamiento de su incinerador de productos y mejorar sus procedimientos internos.
