"Me instalaron unas barras de titanio para que pudiera sentarme": Camilo Escalona confesó que tiene agresivo cáncer
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El pasado 19 de diciembre, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en las propiedades y recintos hospitalarios donde trabajaban médicos profesionales, quienes se dedicaban a la emisión y venta ilegal de licencias médicas a funcionarios públicos.
El hecho fue dado a conocer luego de detectarse ciertas irregularidades entre los funcionarios.
Durante el operativo policial, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, se arrestaron a 7 especialistas de la salud. Mientras que, en el caso de los funcionarios, se registraron 318 detenidos en total.
De acuerdo a la policía y medios de comunicación, el fraude médico estaba avaluado en $20 millones de pesos. Y respecto al número de licencias, se revelaron que eran 36 mil.
La razón de la compra de licencias médicas, según lo evidenciado por la fiscalía y testimonios de los funcionarios públicos, era para salir del territorio nacional, en pleno período laboral y sin autorización de los superiores.
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Medidas resolutivas
El 24 de diciembre, y después de cuatro jornadas de intensa investigación y análisis del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el tribunal determinó que daba prisión preventiva para seis médicos, incluyendo a un representante legal involucrado en el caso.
Estas personas, que a día de hoy se encuentran tras las rejas, fueron imputadas por asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos; según lo tipificado en la Ley 21.746. A su vez, se fijó un plazo de investigación con una fecha determinada para sacar nuevos antecedentes.
Asimismo, la mayoría de los condenados son de nacionalidad colombiana y venezolana.
