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Sebastián Valenzuela, vicepresidente de la Comisión Verdad y Niñez, aborda los desafíos de un proceso histórico: escuchar directamente a quienes crecieron en residencias y centros del sistema de justicia juvenil del Sename desde 1979.
En esta entrevista, reflexiona sobre los desafíos y el sentido ético del trabajo, las barreras que enfrentan las personas víctimas y sobrevivientes para entregar su testimonio y la relevancia que esto tiene para el país.
—¿Cuál es el propósito central de la Comisión Verdad y Niñez? La Comisión fue creada para esclarecer las violaciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Estado en residencias o en sistemas de cuidado alternativo o en centros juveniles de la Red Sename. Nuestro trabajo busca reconocer el daño, escuchar a las víctimas y sobrevivientes, con la finalidad de proponer medidas de reparación y también proponer garantías de no repetición, pues como país no podemos seguir dañando a nuestra infancia más vulnerable. Es un mandato que tiene una gran profundidad ética y una responsabilidad histórica.
—¿Por qué Chile necesita una Comisión de Verdad y Niñez en este momento? Durante décadas el país no escuchó a quienes, debiendo haber sido protegidos por el Estado, los dañó profundamente al violar sus derechos humanos. Miles de niñas, niños y adolescentes crecieron en instituciones del Estado donde vivieron negligencias, violencia, discriminación, desmembramiento familiar y abandono. Estos hechos nunca han sido esclarecidos de manera integral. La Comisión existe para reconstruir esa verdad, reconocer el daño y proponer cambios que eviten que algo así siga ocurriendo. Es un paso que Chile debía y que no podía seguir siendo postergado, lo que también ha sido constatado por organismos y tribunales internacionales.
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—Una parte fundamental del proceso son los testimonios. ¿Por qué son tan importantes? Porque nadie puede contar esta historia mejor que quienes la vivieron directamente. Los testimonios permiten comprender lo que significó crecer en instituciones que debían proteger y no lo hicieron. Permiten reconstruir patrones, fallas estructurales y contextos de violencia que el Estado no vio o no quiso ver. Pero también abren algo muy humano: el derecho a ser escuchado, a ser considerado, con respeto y dignidad. Muchas personas nunca tuvieron un espacio seguro para decir lo que vivieron. Hoy lo tienen.
—¿Quiénes pueden entregar su testimonio? Hay personas que no saben si su historia "califica". Pueden entregar testimonio todas las personas que, siendo niñas, niños o adolescentes desde 1979, estuvieron bajo custodia estatal: en residencias del Sename, hogares privados de organismos colaboradores, en familias de acogida o centros juveniles del sistema penal adolescente. También pueden dar su testimonio aquellos familiares directos de personas fallecidas en estas instituciones.
—¿Cómo se asegura que este proceso sea cuidadoso y no revictimizante? Hemos formado equipos especializados en trauma, infancia y derechos humanos. Cada testimonio se toma en un ambiente confidencial, seguro, sin apuros ni presión. La persona decide cuánto contar y cuándo detenerse. Y también hemos generado mecanismos de derivación para asistencia psicológica por el efecto que el testimonio puede provocar en quienes comparecen ante la Comisión. Nuestro compromiso es que este espacio sea reparador y digno.
—Muchas personas sienten vergüenza, temor o desconfianza al pensar en entregar su testimonio, ¿qué le dirías al respecto?
Dar testimonio sobre violencias vividas en la infancia es algo complejo; muchas personas tardan años en sentirse preparadas. Lo entendemos y lo validamos. Sabemos que estas experiencias están vinculadas a traumas profundos y que no se externalizan de un día para otro. Por eso hemos diseñado un proceso especializado, seguro y confidencial, con profesionales formados para acompañar. La Comisión existe para recibir los testimonios con respeto y cuidado, cuando cada persona decida que es su momento.
—¿Por qué este proceso es relevante para Chile hoy?
Porque un país que no mira de frente las violencias contra su niñez, las repite. Hemos aprendido que cuando el Estado responde con castigo, indiferencia o negligencia, reproduce daños en lugar de repararlos. Lo vemos en debates actuales sobre seguridad o responsabilidad penal adolescente. La experiencia nos dice que criminalizar más temprano no resuelve los problemas: los profundiza. Lo que sí cambia vidas es un Estado que cuida, que educa y que acompaña. La Comisión aporta a esa conversación con evidencia, memoria y propuestas para no repetir errores del pasado y efectivamente contribuye a garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes.
—¿Cómo imagina el país que podría surgir después de este proceso? Un país que reconoce el dolor vivido, pero que no se queda allí. Un país capaz de construir políticas que pongan a la niñez al centro, que comprendan que proteger no es castigar, sino ofrecer oportunidades. Y un país donde quienes crecieron en instituciones del Estado sepan que su historia sí importa, que no fue invisible, que hoy tiene un lugar en la memoria colectiva y que nos compele a terminar con las violaciones de derechos, con una mirada de futuro. Ese es el sentido profundo de este trabajo.
