Sin culpables tras una década de investigación: Justicia absuelve a todos los imputados del caso SQM
Entre los principales acusados se encontraban Pablo Longueira (exsenador UDI) y Marco Enríquez-Ominami (actual candidato presidencial).
Durante la jornada de este miércoles, y tras 10 años de investigación, se llevo a cabo la lectura del veredicto del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago respecto al caso SQM.
En la instancia, se determinó absolver a todos los acusados, entre ellos el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su exasesor Cristián Warner, el exministro Pablo Longueira y el exgenernte general de la empresa, Patricio Contesse.
Asimismo, durante la lectura se cuestionó el "actuar poco prolijo del ministerio público" y la demora en el caso, pues "las penas estarían cumplidas", lo que vulneraría más "la extensión temporal del procedimiento".
Por otro lado, según el veredicto, no se logró esclarecer el dolo de parte de los imputados en cometer delitos tributarios.
De igual manera, establecieron como "confusos y poco claros" los antecedentes presentados por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en materia de cohecho.
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La relevancia del caso SQM
Cabe recordar que la investigación por el caso SQM comenzó en 2015, como una arista del caso Penta.
En este proceso se investigó un esquema de financiamiento irregular de la política entre 2008 y 2014 en los que, según la investigación de la Fiscalía, la empresa SQM desembolsó más de $14.7 millones de dólares a través de facturas y boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas, con donaciones y gastos personales a dirigentes y organizaciones.
El proceso derivó en decenas de causas penales y dos juicios orales principales, aunque más de 50 imputados fueron sobreseídos o tuvieron acceso a salidas alternativas durante los 10 años de investigación.
En el caso de la empresa SQM, ésta alcanzó en su momento un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, además de autoridades de Estados Unidos, para pagar un monto cercano a los $30 millones de dólares ante el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de dicho país.
