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La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió dar cumplimiento al fallo que ordena el desalojo del asentamiento irregular más grande de la región, conocido como la megatoma de San Antonio. En este lugar habitan actualmente cerca de 10 mil personas, lo que convierte a la situación en un problema social y judicial de gran magnitud.
La resolución establece que, en caso de concretarse la medida, el municipio de San Antonio deberá coordinar acciones con los ministerios del Interior, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social. El propósito de esta instrucción es garantizar que, de manera transitoria, se habiliten espacios adecuados que permitan albergar a las familias que sean desalojadas, evitando así que queden sin un lugar donde resguardarse.
Nueva resolución de la Corte de Valparaíso ordena desalojo de la megatoma de San Antonio, pero fallo de la Suprema lleva un año y medio sin cumplirse.#DestacadosCQ pic.twitter.com/bV7ad5FXe3
— El Conquistador 91.3 (@FMConquistador) October 3, 2025
Desde la parte propietaria, representada por la Inmobiliaria San Antonio S.A., se ha manifestado que no existe disposición para dialogar directamente con quienes ocupan los terrenos. El argumento central es que se habría vulnerado el derecho de propiedad de los dueños y que cualquier negociación debe llevarse a cabo exclusivamente con autoridades gubernamentales.
El abogado de la empresa explicó que durante el último mes solicitaron reuniones con distintos organismos y autoridades, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Vivienda, la delegación presidencial y la gobernación provincial. Sin embargo, estas gestiones no habrían prosperado, lo que mantiene estancado cualquier intento de acercamiento para resolver el conflicto.
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Asimismo, se recordó que el 11 de septiembre se ingresó formalmente un requerimiento para que la Corte ordenara el cumplimiento de la sentencia, lo que dio inicio al proceso que hoy derivó en la orden judicial de ejecutar el desalojo.
La megatoma de San Antonio ha sido objeto de debate público debido a la magnitud del asentamiento y al impacto que tendría un eventual desalojo en miles de familias. Organizaciones sociales han advertido que la medida podría generar un escenario crítico en materia habitacional, ya que muchas de las personas que residen en el sector no cuentan con alternativas inmediatas para acceder a viviendas formales.
En este contexto, la decisión de la Corte pone en tensión dos derechos fundamentales: por un lado, la propiedad privada de los dueños del terreno; y por otro, la necesidad de dar una respuesta humanitaria y estructural a quienes hoy dependen de la megatoma como única solución habitacional. El desenlace dependerá de cómo el Estado logre equilibrar estas dimensiones y del nivel de apoyo que se brinde a las familias afectadas.
