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Un nuevo capítulo en la investigación
El panorama judicial del diputado Joaquín Lavín León, cónyuge de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, atraviesa un momento decisivo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella en su contra por delitos tributarios, acción que se enmarca dentro de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente. La causa busca esclarecer presuntos hechos de fraude al Fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Querellas acumuladas en la causa
La acción del SII se suma a otras ofensivas legales ya presentadas en esta misma investigación. El Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, bajo la administración del alcalde Tomás Vodanovic, habían interpuesto previamente querellas en contra del parlamentario. Con ello, el escenario se torna cada vez más complejo de cara a las audiencias que definirán los próximos pasos del proceso.
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Audiencia clave de desafuero
El martes 16 de septiembre será una fecha determinante para el futuro de Lavín León. Ese día, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá analizar la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía, un procedimiento indispensable para poder formalizar al diputado y, eventualmente, imponerle medidas cautelares mientras dure la investigación penal en su contra.
Facturas y boletas sin respaldo real
La querella del SII, a la que accedió La Tercera, detalla que el diputado habría emitido facturas y boletas falsas a través de distintas sociedades para justificar supuestos gastos ante el Congreso. Con esta maniobra, se habrían conseguido reembolsos bajo la figura de asignaciones parlamentarias y gastos de campaña, sin que existiera un servicio efectivo detrás de dichos documentos.
Montos involucrados y empresas señaladas
Entre 2017 y 2022, las sociedades Imprenta MMG S.A. y Gráfica Totalprint SpA emitieron 34 facturas ideológicamente falsas que suman $18,7 millones. A su vez, Modo74 SpA —firma ligada a un exasesor del parlamentario— habría entregado otras seis facturas por $3,2 millones, las cuales fueron anuladas después de haber sido pagadas por la Cámara de Diputados. En total, el SII calcula un perjuicio fiscal que supera los $10 millones, producto de la subdeclaración de ingresos y la utilización de documentos falsos para acceder a recursos públicos.
Evidencias y testimonios en el expediente
La investigación sostiene que las facturas carecían de respaldo en servicios efectivos y fueron utilizadas para simular gastos inexistentes. Entre los antecedentes recopilados figuran conversaciones de WhatsApp donde se habla de "facturas prestadas" y las declaraciones de los propios dueños de las empresas involucradas, quienes admitieron la falsedad de los documentos. Con estos elementos, la querella del SII agrega aún más presión al proceso que definirá si Joaquín Lavín León pierde su fuero parlamentario y queda expuesto a enfrentar un juicio penal.
