Confirman detención de los "torturadores" del Hospital de Osorno: este viernes serán formalizados
Las diligencias fueron coordinadas por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel.
Responsables del brutal ataque a joven TEA, siguieron con contrato con el centro asistencial pese a los hechos denunciados.
Una grave denuncia por maltrato laboral y actos calificados como tortura ha puesto en el centro de la polémica al Hospital Base San José Osorno. La situación se hizo pública durante la madrugada de este lunes 1 de septiembre, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera enviado a parlamentarios y medios de comunicación.
La denuncia detalla un patrón de abusos ocurrido en el área de Informática del hospital en contra de un funcionario de reemplazo diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), e identificado como Camilo.
Según los antecedentes, un grupo de profesionales habría infligido graves vejaciones al trabajador, las cuales incluyeron cortarle el cabello contra su voluntad, atarlo a una silla, cubrir su rostro con plástico e incluso forzarlo a desnudarse. Todos estos actos habrían sido grabados y fotografiados por los mismos agresores.
La identidad del trabajador TEA se ha resguardado, pero desde el hospital se detalló cuál es su situación actual.
El funcionario agredido, de quien se resguarda su identidad, trabajaba en el área de informática del establecimiento, y actualmente se encuentra residiendo fuera del país, específicamente en Canadá.
A la distancia, Camilo habría recibido un correo electrónico, donde uno de los torturadores le solicitaba suavizar la denuncia, dejándole en claro que él aún seguía trabajando en el mencionado hospital.
Así se pudo consignar que tres de los acusados obtuvieron su salario íntegro hasta julio de este año, pese a que estaban suspendidos.
Y los sueldos eran bastante cómodos. Según antecedentes internos del hospital, tres de ellos recibieron sueldos que superaban los $1.800.000 brutos. En uno de los casos, el monto mensual llegó a sobrepasar los $2.300.000 por labores administrativas.
Las diligencias fueron coordinadas por la fiscal jefe de Osorno, María Angélica De Miguel.
Usuarios difundieron imágenes de la emergencia que mantiene detenido el servicio.
Procedimiento de bomberos a esta hora provoca colapso en el tren subterráneo.