Ministros de Corte de Apelaciones de Santiago pidieron circular por vías exclusivas: privilegio hoy lo tienen sólo los de la Corte Suprema
Magistrados esgrimen un tema logístico, pero les dieron un portazo.
En el marco de la controversia por la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, uno de los tres acusados del asesinato de José Reyes Ossa, conocido como "El Rey de Meiggs", la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó un procedimiento en el Centro de Justicia. Los funcionarios ingresaron directamente a las oficinas del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, desde donde retiraron al menos dos CPU, además de varias carpetas con documentación relevante para la investigación.
Mientras se desarrollaba esta diligencia, la jueza Irene Rodríguez Chávez, cuya firma figura en el oficio que permitió la excarcelación del imputado, se encontraba presente en el tribunal. Por esta razón, debió ser retirada momentáneamente de la sala para facilitar el trabajo de los detectives.
Horas antes, el fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, había interrogado a la jueza Rodríguez, en un intento por esclarecer las circunstancias en que se emitió el polémico documento que posibilitó la liberación de Ferrer Ramírez, vinculado al crimen de alta connotación pública.
La liberación ocurrió el 10 de julio por un oficio del Octavo Juzgado de Garantía. En un inicio se había hablado de un posible hackeo, pero posteriormente Gendarmería y el Poder Judicial descartaron que sus sistemas hayan sido intervenidos.
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De acuerdo al Gobierno, el documento fue recepcionado a través de los canales oficiales, aunque el Ministerio Público está investigando su autenticidad.
