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Nuevas revelaciones han salido a la luz sobre las irregularidades que vinculan al diputado Joaquín Lavín León, quien estaría cerca de ser formalizado por la Fiscalía y quedaría sujeto a medidas cautelares. La Fiscalía Oriente, al presentar la solicitud de desafuero, expuso no solo su rol como "alcalde en las sombras" durante la administración de su esposa Cathy Barriga en Maipú, sino también su implicancia en la emisión de facturas falsas que habrían servido para desviar recursos del Congreso.
El escrito, al cual tuvo acceso La Tercera, detalla además la existencia de un emprendimiento de carácter familiar, financiado con recursos públicos y gestionado por sus asesores durante sus horarios laborales, que tenía como finalidad generar ganancias privadas. Esta iniciativa consistía en una plataforma digital denominada "Socialtazk", la cual, según declaró el propio Lavín ante Fiscalía, servía exclusivamente a su función parlamentaria, razón por la cual justificaba que fuera financiada con dineros del Congreso.
No obstante, el Ministerio Público sostiene que "Socialtazk", empresa ligada a "Modo 74", escondía en realidad un negocio en el que participaban los hermanos del diputado, Juan Pablo y María Estela Lavín León. La investigación indica que fue el mismo parlamentario quien, entre los años 2020 y 2021 —en plena época electoral—, ofreció los servicios de esta plataforma a más de 70 candidatos de la UDI a lo largo del país.
La propuesta consistía en permitir que estos candidatos enviaran mensajes de texto masivos para hacer campaña política. El servicio no tenía un costo monetario, pero a cambio —según advirtió la Fiscalía— los "clientes" debían entregar de forma ilegal las bases de datos de los habitantes de sus respectivas comunas, las cuales habían obtenido en el ejercicio de sus cargos públicos.
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De este modo, aunque el uso de "Socialtazk" era gratuito para los postulantes, el intercambio implicaba la entrega de "información privada de millones de personas", según se describe en el requerimiento de desafuero. Esta información, precisa la Fiscalía, alimentaba el negocio familiar, ya que "la aplicación fue concebida desde sus inicios con el objetivo de generar significativos beneficios económicos y societarios para él y sus familiares".
En esa línea, el documento añade que Juan Pablo y Estela Lavín León figuran públicamente como los responsables de Panel Ciudadano, empresa dedicada a la elaboración de encuestas, estudios de mercado, análisis de datos y otros servicios informáticos. Asimismo, se indica que el diputado habría instruido a su equipo para que destinara buena parte de sus jornadas laborales a colaborar con la plataforma ofrecida a los candidatos de su partido.
La Fiscalía estima que el perjuicio fiscal derivado de este uso indebido de recursos alcanza los $93 millones, cifra que, sumada a los más de $100 millones correspondientes a facturas ideológicamente falsas, ascendería a un total cercano a los $200 millones en defraudaciones que se imputarían al legislador.
