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El OS7 de Carabineros logró desarticular una organización criminal dedicada a ingresar droga al país y trasladarla hacia la región Metropolitana. El operativo dejó como saldo siete personas detenidas: seis suboficiales del Ejército y un civil chileno.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base, con un avalúo cercano a los $3 mil millones, según informó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.
Además, se decomisaron tres vehículos valorizados en $40 millones. Estos automóviles formaban parte de la logística utilizada para distribuir la droga, que se transportaba desde la región de Tarapacá hasta la capital, detalló Araya.
El general de División y Comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, Pedro Varela, confirmó que los funcionarios detenidos pertenecen a la Segunda Brigada Acorazada de Cazadores de Pozo Almonte.
"El Ejército adoptó de inmediato las medidas administrativas correspondientes, iniciando el trámite de baja de los involucrados", señaló Varela.
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Asimismo, declaró que "estos delitos son inaceptables y constituyen una falta gravísima a los valores que sustentan la carrera militar. Esto perjudica la labor abnegada y profesional que realizan más de 30.000 hombres y mujeres del Ejército de Chile a lo largo del país".
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, indicó que la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares fue ampliada hasta el jueves, y se desarrollará en Iquique.
La persecutora detalló que los militares no portaban uniforme al momento de actuar, y que algunos de ellos fueron capturados en Santiago cuando transportaban la droga.
"Existía una estructura definida con división de funciones, lo que permite establecer que se trata de una organización criminal. Uno de ellos coordinaba el traslado, otros se encargaban de los vehículos, y algunos cumplían el rol de transportistas", explicó Steinert.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la situación como "delicada y compleja" desde el punto de vista institucional, aunque valoró la reacción del Ejército, que detectó el ilícito a través de sus controles internos.
Cordero también mencionó que aún quedan dudas por esclarecer, como la forma en que se establecieron los contactos y quiénes eran los distribuidores de la droga. Aseguró, además, que no existen antecedentes que apunten a una red más amplia dentro del Ejército.
Finalmente, la fiscal Steinert destacó que la denuncia que permitió detener a los involucrados fue realizada por la propia institución castrense, tras detectar irregularidades mediante sus mecanismos de fiscalización internos.
La detención de los siete imputados fue ampliada hasta el jueves 26 de junio, fecha en la que se definirán las medidas cautelares. Todos enfrentarán cargos por el delito de tráfico de drogas
