Jueces de policía local urgen modernización: "No podemos seguir siendo la justicia más olvidada"

Pese a que resuelven más de siete millones de causas al año , desde infracciones de tránsito hasta conflictos vecinales, los juzgados de policía local operan en condiciones que para muchos ya parecen inaceptables: sin sistemas digitales, sin dotación suficiente de personal, y dependiendo de los municipios para cubrir incluso sus necesidades más básicas.

La situación es criticada por Francisco Ríos, juez de Lampa y presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL), entidad que agrupa a cerca de 344 jueces y secretarios abogados a lo largo del país. Desde esa tribuna, Ríos ha encabezado una cruzada para visibilizar lo que califica como "el abandono estructural de la justicia más cercana a las personas".

"Somos la justicia más eficiente y la más olvidada. Atendemos millones de causas en plazos razonables, pero trabajamos con las uñas. No tenemos sistemas digitales, seguimos con expedientes en papel, y muchos juzgados ni siquiera cuentan con personal administrativo mínimo para operar con normalidad", advierte Ríos.

La falta de modernización tecnológica es uno de los principales nudos críticos. Mientras otras ramas del Poder Judicial avanzan en plataformas electrónicas para la tramitación de causas, los juzgados de policía local dependen aún del papel y del archivo físico. Esto, según Ríos, no solo atenta contra la eficiencia, sino también contra la transparencia y la trazabilidad del sistema.

"En pleno 2025, seguimos imprimiendo formularios, guardando expedientes en bodegas y enviando oficios por correo físico. Es un contrasentido. La ciudadanía espera un Estado moderno, y nosotros somos parte de ese Estado. Pero hasta ahora, el sistema nos sigue tratando como si estuviéramos en otra época", cuestiona.

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Aunque existe desde 2017 un anteproyecto de ley que busca reformar los juzgados de policía local, la iniciativa ha permanecido estancada. Según Ríos, han sostenido múltiples reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Transportes para impulsar esta agenda, pero sin avances concretos.

"Hemos tenido reuniones cordiales, promesas de estudio, pero lo que necesitamos es decisión política. El anteproyecto está hecho. Solo falta voluntad para transformarlo en ley y dotar a los juzgados locales de un marco institucional y recursos que les permitan funcionar como se debe".

Un ejemplo reciente que volvió a poner a prueba la capacidad operativa de los juzgados locales fue la entrada en vigencia de la nueva ley que obliga al grabado de patentes en vehículos. Las sanciones por el incumplimiento de esta norma deben ser tramitadas precisamente en estos tribunales, lo que ha incrementado aún más la carga de trabajo.

"Nadie nos consultó al momento de diseñar esta ley. Nos enteramos por la prensa de que seríamos responsables de tramitar las infracciones. Hoy, estamos recibiendo miles de causas adicionales por esta materia, sin que se nos haya entregado un solo peso más o herramientas para gestionarlas. Así se legisla en Chile", critica el presidente del INJPL.

Ríos subraya que la urgencia de modernizar los juzgados de policía local no solo responde a un tema de gestión, sino también a una necesidad ciudadana. A diario, personas de todas las comunas del país recurren a estos tribunales para resolver problemas cotidianos: desde una multa hasta una ruidosa disputa entre vecinos.

"Somos el primer rostro del sistema de justicia para muchas personas. Cuando una vecina tiene un problema con su arrendatario, cuando alguien recibe una multa o tiene un conflicto por basura, viene al juzgado local. No es razonable que esa justicia siga funcionando en condiciones tan precarias. Eso también es desigualdad", enfatiza.

El INJPL ha insistido en que la reforma debe contemplar una plataforma nacional para la tramitación electrónica de causas, financiamiento autónomo que no dependa de los municipios, y la creación de una carrera funcionaria para el personal judicial.

"No queremos ser parte del olvido. Queremos ser parte de la solución. Pero para eso, necesitamos que el Estado nos mire como lo que somos: una institución clave para el acceso a la justicia. Si seguimos así, el sistema va a colapsar", concluye Ríos.