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Este lunes, el pleno de la Corte Suprema confirmó el desafuero de la diputada ex Frente Amplio, Catalina Pérez, por su presunta participación en la arista Democrático Viva del Caso Convenios.
La resolución, que marca un hito en este proceso judicial, avala la solicitud de la Fiscalía para que la parlamentaria pierda su inmunidad parlamentaria y pueda enfrentar cargos ante la justicia.
La decisión del máximo tribunal ratifica la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió la solicitud de Fiscalía, explicando que los convenios suscritos con la fundación Democracia Viva llegaron a 426 millones.
En esto último, la participación de Pérez habría resultado fundamental, al mantener vínculos con los imputados Daniel Andrade (su expareja) y Carlos Contreras (ex Seremi de Vivienda en Antofagasta).
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Sobre los delitos que se le imputan a la suspendida parlamentaria se incluyen la facilitación de fondos a la fundación, infringiendo el principio de probidad administrativa; la manipulación de convenios para beneficiar a Democracia Viva, pese a que la entidad no contaba con experiencia para ejecutar los proyectos; el encubrimiento y la destrucción de evidencia tras la revelación del caso en la prensa; y la coordinación con los imputados para elaborar estrategias de defensa y ocultar los hechos.
La defensa de Pérez
La diputada Pérez, quien apeló a su desafuero que había sido aprobado por la Corte de Apelaciones, ha alegado inocencia y asegura que no se benefició de los dineros recibidos por la Fundación Democracia Viva.
"He entregado mis cuentas corrientes, mi tráfico telefónico, mi correo electrónico y todo lo que ha sido necesario para aclarar esto, porque no tengo absolutamente nada que ocultar", declaró en noviembre del 2024.
"Yo no interferí en la designación, ni en la asignación de, absolutamente, ningún recurso a ninguna fundación. No me beneficié de ello de ninguna manera. Y creo que, de hecho, lo más relevante que contiene este informe es esa confirmación", agregó.
