Giro en caso del asesino de Calama: tribunal tomó decisión tras pedido de la defensa
El crimen ocurrió el 27 de marzo, donde el alumno mató a inspectora e hirió a otras cuatro personas.
Cristián Araya citó a la dictadura de Augusto Pinochet como ejemplo, período en donde se instalaron 180 mil minas antipersonales en las fronteras.
Este martes, el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, generó controversia al informar una particular solicitud que, según él, podría ''controlar la crisis migratoria''.
Sin ir más lejos, el parlamentario propuso una drástica medida para frenar la migración ilegal: dinamitar las fronteras y volver a utilizar las minas antipersonales.
Se debe mencionar que esta última medida dejó de implementarse en 1997, cuando Chile ratificó la Convención de Ottawa y se comprometió a no emplear, fabricar, almacenar o transferir ningún tipo de explosivo.
No obstante, el diputado Araya insistió en esto y citó a la dictadura de Augusto Pinochet como ejemplo.
Los legisladores Johanna Pérez y Luis Sánchez protagonizaron un tenso momento en el Congreso.
''Hemos presenciado brutales hechos de violencia, todos con un patrón en común, ¿y cuál es ese? Inmigrantes ilegales y volvemos a lo mismo: el casi inexistente control fronterizo en el norte del país", sostuvo.
En relación al período dictatorial en nuestro país, el parlamentario republicano explicó: ''Se instalaron más de 180 mil minas antipersonales, lo que evitó el libre tránsito por la frontera".
De acuerdo a Cristián Araya, la ausencia de estas medidas ha llevado al descontrol actual. "Hoy no hay minas antipersonales, no hay control y el gobierno no tiene la voluntad de frenar la inmigración ilegal. No han presentado ninguna medida más que unos ridículos parlantes y el despliegue militar en la frontera a modo de comité de bienvenida para recibir migrantes", cerró, enfatizando en que ''a Chile le hace falta una terapia de shock''.
El crimen ocurrió el 27 de marzo, donde el alumno mató a inspectora e hirió a otras cuatro personas.
Existirían eventuales faltas a la probidad, uso indebido de recursos públicos y aumentos de sueldos que, según acusan, no habrían cumplido los procedimientos establecidos.
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