La Fiscalía Metropolitana Oriente pedirá el desafuero del diputado Joaquín Lavín León para su formalización por malversación de caudales públicos, todo esto en caso de que se encuentren pruebas en ese sentido en la documentación incautada en la oficina del parlamentario en el Congreso y en su domicilio en Peñaflor.
Esta eventual medida se da en el contexto de la investigación a su esposa, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
En entrevista con 24 Horas, la fiscal Constanza Encina expresó que "en caso de que los hallazgos que encontremos en la evidencia que fuimos a incautar al Congreso, y los análisis que se están haciendo, den cuenta de que nuestra teoría, es decir, que se utilizaron fondos públicos de manera indebida, en ese caso nosotros sí vamos a solicitar el solicitar el desafuero para posteriormente formalizar la investigación".
La investigación contra Joaquín Lavín tiene relación con la presunta rendición de facturas falsas que habría hecho como diputado, y preliminarmente el monto alcanzaría los $17 millones, usados al parecer para justificar gastos en la municipalidad de Maipú.
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Durante la mañana de este jueves se aseguró que la otrora jefa comunal fue la que lideró la clase recreativa.
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Cabe recordar que el pasado martes 29 de octubre pasado se concretaron las primeras diligencias contra el parlamentario en su oficina en el Congreso Nacional, en su domicilio en Peñaflor y en la sede distrital.
Sobre los delitos imputados a Barriga, fraude al Fisco por cerca de $33 mil millones y falsificación de instrumento público, Encina explicó que la exalcaldesa usaba un mecanismo de defraudación "a través de rebajas indebidas de certificados de disponibilidad presupuestaria", además de otros métodos con los que logró falsificar documentación y falsear los gastos realizados por el municipio.
"Se dejaban de pagar servicios básicos para realizar otro tipo de prioridades que consideraba ella que eran relevantes, que nosotros creemos que tenían como único objeto enaltecer su figura, lo que se cuestiona en específico son gastos derivados y especificados para ítems de educación pública, que se utilizaron para merchandising y otros intereses", aseveró la fiscal a cargo del Caso Barriga.