Giro en caso del asesino de Calama: tribunal tomó decisión tras pedido de la defensa
El crimen ocurrió el 27 de marzo, donde el alumno mató a inspectora e hirió a otras cuatro personas.
Con el documento la ex alcaldesa habría conseguido vulnerar el arresto domiciliario que comenzó a cumplir el pasado 15 de enero.
Cathy Barriga pasará su segunda noche recluida en la cárcel de San Miguel, acusada de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Mientras la ex Mekano se encuentra recluida, y a la espera de comenzar a recibir visitas recién el día viernes, hoy se conocieron nuevos detalles del presunto pago que la bailarina habría hecho a funcionario de El Quisco para obtener un certificado con el diagnóstico de autismo de su hijo.
Todo considerando que con este documento, la ex jefa comunal podría dejar su reclusión domiciliaria para asistir con el menor a sus respectivas terapias.
Según un reportaje de Canal 13, el pasado 9 de enero, poco antes de su formalización, la que determinó su arresto, tomó contacto con e Centro de Neurodesarrollo de El Quisco para que se evaluara a su hijo.
La mentalista aseguró que la ex alcaldesa se mantendría cumpliendo con su arresto domiciliario.
De acuerdo a una serie de imágenes dadas a conocer esta noche en Teletrece, fue el marido de la ex alcaldesa, Joaquín Lavín León, quien habría llegado hasta la Región de Valparaíso para entrevistarse con la directora de la institución pública, Leticia Verdugo.
Precisamente esta encargada habría sido quien luego tomaría contacto con una de las terapeutas del centro, a quien vía WhatsApp le habría dicho: "¿Te quieres ganar 50 lucas?, es algo piola para entregar una información sobre el hijo de Cathy Barriga".
En el reportaje de Canal 13, también entregó su declaración una trabajadora del lugar quien indicó que "se realizó una evaluación sin protocolo ni requisito, tuve la oportunidad de ver la evaluación y se saltaron los procesos dando un privilegio a la familia".
El crimen ocurrió el 27 de marzo, donde el alumno mató a inspectora e hirió a otras cuatro personas.
Existirían eventuales faltas a la probidad, uso indebido de recursos públicos y aumentos de sueldos que, según acusan, no habrían cumplido los procedimientos establecidos.
Más de 140 mil niños y niñas menores de 6 años presentan su esquema de vacunación contra el Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP) incompleto o no tienen dosis.