CERRAR
La solicitud se apoya en datos que evidencian un creciente rechazo de la ciudadanía hacia la inmigración ilegal, especialmente, por su vínculo percibido con el aumento de la delincuencia.
La diputada de RN, María Luisa Cordero, presentó una solicitud de resolución dirigida al Presidente Gabriel Boric, en la que se pide el cierre de la frontera norte de Chile hasta que se implementen medidas efectivas para contener la migración irregular, principalmente, de ciudadanos venezolanos.
De acuerdo con la encuesta de caracterización del Servicio Nacional de Migraciones, el 66,4% de los inmigrantes que ingresaron al país entre 2018 y 2022 lo hicieron por pasos no habilitados.
La diputada Cordero comentó que "el cierre de la frontera norte es una medida drástica pero necesaria. No podemos permitir que continúe este flujo migratorio irregular sin control. El impacto en la seguridad y la calidad de vida de los chilenos, particularmente en el norte, es evidente".
Los resultados de encuestas recientes, como Plaza Pública y Pulso Ciudadano, muestran un alto rechazo a la inmigración ilegal. Según éstas, un 77% de la población cree que la llegada de inmigrantes es negativa para el país.
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Para la parlamentaria, esta percepción es un reflejo de la inacción del gobierno. "El despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras es insuficiente. Se requieren medidas más contundentes y un control riguroso que garantice que quienes ingresen lo hagan de manera regular", añadió.
Además, la Encuesta Nacional Bicentenario UC 2023 arrojó que el 86% de los consultados considera que el número de inmigrantes en el país es excesivo, un aumento significativo respecto de mediciones anteriores.
En este contexto, la legisladora de RN subrayó: "Chile no puede continuar con las fronteras abiertas sin medidas efectivas. Es urgente trabajar en soluciones concretas que protejan la integridad de nuestro país y de nuestra gente", dijo.
La solicitud presentada también plantea la necesidad de reforzar las políticas públicas para que los extranjeros ingresen de manera regular y con la documentación requerida. Cordero concluyó: "Debemos asegurar que el Estado ejerza su rol de control. No podemos permitir que el ingreso irregular siga impactando a nuestras comunidades".
