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ENAP dio a conocer la variación de precios que se verá reflejada este jueves.
Ante las recientes críticas en contra del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de la presentación de una querella penal por eventuales delitos de tráfico de influencias en la designación de Ministros de la Corte Suprema, lo que se encuentra fuera del ámbito de sus competencias, la diputada de RN, Camila Flores, anunció un proyecto para disolver al actual INDH.
La parlamentaria argumentó que "en reiteradas ocasiones ha quedado en evidencia el sesgo ideológico del INDH, quienes para algunas causas dicen que no está dentro de sus atribuciones, sin embargo, para beneficiar a sus amigos del PC sí están disponibles. Ellos son un órgano del Estado, por lo tanto, deben estar disponibles para defender los derechos humanos de todos los chilenos, y no solamente cuando hay causas políticas detrás".
Sobre la propuesta, Flores sostuvo que "no se justifica que el actual INDH siga funcionando de la misma forma que lo está haciendo hasta ahora, por lo mismo estamos planteando que se pueda eliminar esta institución, para ser reemplazada por otro organismo que sea objetivo y se aboque a sus funciones"
El proyecto menciona que la principal advertencia realizada, dice relación con la manifiesta posición política que detenta la institución, la cual ha quedado en evidencia en distintas ocasiones.
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Palabras de Sergio Micco
Una de ellas se observa tras las afirmaciones de Sergio Micco, quien luego de su salida como Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, comunicó que habría "recuperado" su libertad de expresión, denunciando, además, constantes presiones de partidos políticos y otras organizaciones civiles para emitir pronunciamientos en contra de su voluntad.
Luego, una segunda situación se observa tras los violentos hechos que tuvieron lugar en octubre del 2019, en donde, por una parte, el INDH incurrió en diversas irregularidades en el proceso de entrega de pensiones de gracia a personas "lesionadas" durante dicha época. En efecto, diversas instancias fiscalizadoras dieron cuenta de la inclusión de personas en la lista de beneficiarios que no cumplían con los requisitos para recibir pensiones de gracia e incluso, de personas que contaban con antecedentes penales.
