"Puede considerarse como terremoto": fuerte sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte del país
La preocupación se instaló en la mina de Chuquicamata en Calama.
El iniciativa, impulsada por el diputado, Rubén Oyarzo, busca "dar una señal potente contra el narcotráfico".
El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, aseguró que se le dará prioridad al proyecto de ley que busca que se hagan un test de drogas todas las autoridades del país, partiendo por el Presidente de la República, en este caso, Gabriel Boric.
Y desde ya se advierte que "quien salga positivo deberá dejar de manera inmediata su cargo".
Según Oyarzo, lo que se busca es "dar una señal potente contra el narcotráfico, pero además las autoridades tenemos que dar el ejemplo. Tiene que haber integridad y además probidad".
La parlamentaria afirmó que la ciudadanía tiene derecho a saber si el Presidente de la República y las autoridades públicas están "secuestrados" por el narcotráfico.
Entera del avance del proyecto, la diputada Pamela Jiles, aplaudió la iniciativa, puesta en tabla por su colega en la Cámara.
"De aprobarse este proyecto, el Presidente de la República tenga que someterse a narcotest, a test de drogas, con la posibilidad incluso de tener que dejar su cargo, si es que comprobara consumo, tanto desde la primera autoridad de Gobierno a las demás autoridades", indicó la periodista en su cuenta de "X".
RT “De aprobarse este proyecto, el Presidente de la República tendrá que someterse a test de drogas, con la posibilidad incluso de tener que dejar su cargo, si es que comprobara consumo, tanto desde la primera autoridad de Gobierno a las demás autoridades”.
— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) June 18, 2024
Agradezco al diputado…
Por su parte la también parlamentaria, Paula Labra indicó que "es momento que los políticos demos una señal contundente de combate contra el narcotráfico, y a la vez de probidad y transparencia a la ciudadanía".
La preocupación se instaló en la mina de Chuquicamata en Calama.
La acción legal, la más grande en su tipo presentada en Chile y que representa a 311 propietarios, está dirigida contra la empresa constructora, la inmobiliaria y sus accionistas.
Recomiendan tomar vías alternativas por corte hacia el poniente.