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Un caso que se lleva investigando desde el 2019 y que le costó al fisco al menos 240 mil millones de pesos. Superó los casos del fraude del ejército ($3 mil millones) y de Carabineros ($28 mil millones).
"Él nunca tuvo ningún tipo de administración de hechos respecto de estas sociedades", asegura Ilan Eck Falkas, abogado del principal imputado de la “Operación Tributos”.
Al menos 55 empresarios involucrados y una red de siete clanes que operaban desde el 2015. La investigación comenzó el 2019 por denuncias del Servicio Nacional de Aduanas, luego de detectar un gran número de exportaciones sin aval.
Luego de esto, una investigación conjunta entre el Servicio de Impuestos Internos y la PDI reveló el real daño que habría tenido esta operación. Actualmente, a los imputados se les acusa de: asociación ilícita, fraude tributario, lavado de activos y delitos aduaneros.
Aunque en la audiencia solo se trataron seis, -ya que la cabeza del clan Bravo falleció y aún se intenta declarar responsabilidades-, los clanes Barriga y Polanco, Croxatto, Nexus, Barraza, Galaz y el clan Canessa son a quienes se acusa de participar en el megafraude más grande del que se tiene registro en Chile a la fecha.
Especialmente el último, al cual la fiscalía le adjudica el liderazgo de la operación. José Antonio Pavez Canessa, líder del clan Canessa, es el principal imputado en el caso denominado como "Operación Tributos".
Actualmente, Pavez Canessa se encuentra en prisión preventiva posterior a su audiencia de formalización en el Ministerio Público, acusado de delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.
Se le acusa de ser líder de una "red de sociedades" que tenían el propósito de emitir y entregar facturas falsas al resto de implicados. Había estado implicado en la creación de al menos 16 empresas usando datos de terceros, antecedentes falsos y de sus representantes.
El denominado "cabeza de la operación" cometió un error al momento de declarar sus bienes. El imputado no registra ningún tipo de remuneración o empleador; sin embargo, acusó recibir rentas de 250 millones y hasta 270 millones de pesos dentro del periodo investigado.
Información suficiente para que el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, concluya que el acusado, "mantiene un estilo de vida que no se condice con sus ingresos lícitos", lo que llevó a Pávez Canessa a terminar en prisión preventiva.
Actualmente los defensores se encuentran en proceso de investigación luego de la formalización; sin embargo, Ilan Eck Falkas, abogado de Pavez Canessa, se muestra confiado en probar que las cosas no son como las planteó la fiscalía y esperan solicitar la modificación de la medida cautelar que se le impuso a su cliente.
"La participación que se le atribuye a mi cliente, en este caso José Antonio Pavez, no es tal como lo formuló su audiencia de formalización en el Ministerio Público", asegura el jurista.
Respecto de las 16 empresas que asegura fueron creadas por Pávez Canessa, el abogado señala que su representado "nunca tuvo en ningún momento esta calidad de ser un administrador de hechos sobre estas supuestas sociedades que serían de él".
"Vamos a intentar de acreditar que él nunca tuvo el control de estas sociedades, sino que son básicamente otros imputados que están involucrados en esta causa los que en realidad tenían estas facultades de la emisión de las facturas, etc.", comenta Ilan Eck Falkas sobre la acusación a su cliente de la emisión de más de 10.000 documentos tributarios. "Son terceras personas las que controlaban esto", manifestó el defensor.
"Nosotros vamos a aportar varios correos electrónicos, etc., que van a dar cuenta de esto", asegura el defensor.
Mientras tanto, al resto de la familia Canessa se le acusa de ocultar el aparentemente origen ilícito de algunos de sus bienes que tiene a su nombre, y se les atribuye el delito de lavado de activos.
Los imputados estaban acusados por el megafraude al fisco de 240 mil millones de pesos.
"Con la información que nosotros manejamos, es que la familia, llámese el padre, la madre y el hermano, son los tres profesionales y todos los bienes que tienen, que son bastante reducidos en realidad, provienen justamente del trabajo que tuvieron ellos", comenta el abogado, quien no forma parte de la defensa del resto de la familia.
Actualmente, mediante la revisión de la medida cautelar o en un juicio oral, el abogado se muestra confiado en poder cambiar la situación judicial de su cliente, "con los antecedentes con los que contamos el día de hoy, creemos que vamos a poder acreditar que efectivamente José Antonio nunca tuvo participación en ningún tipo de emisión de facturas".
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