Otra polémica es la que protagoniza el Gobierno, esto por la entrega de la pensión de gracia que realizó el Estado a una de las víctimas del estallido social, quien está prófugo de la justicia acusado de estafa.
Juan Francisco Villalobos es quien recibió el beneficio y que actualmente está siendo buscado por la Justicia, por el presunto delito de estafa al momento de recibir el beneficio estatal
Según información entregada por Ex-Ante, en junio del año pasado, se emitió una orden de detención en contra de Juan Francisco Villalobos, esto tres meses después que se le otorgó el dicho beneficio.
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Beneficio vitalicio
Entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de este año, Villalobos recibió nueve pagos de parte del Estado, los que equivalen a $5.698.168, dinero que se le fue depositado estando en calidad prófugo.
Cabe destacar que el beneficio se otorga "de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento".
Por su parte, Villalobos fue acusado de una estafa realizada en Conchalí, a raíz de esto se emitió una orden de detención, sin que hasta la fecha se haya capturado a Villalobos.
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El despliegue fue entre las 16:00 y las 00:00 horas, en el que participaron 3.230 efectivos y se dispusieron más de 1.080 medios logísticos.
Querella del INDH
En esta misma línea, el beneficiario tiene entre sus antecedentes, causas por hurto, desórdenes públicos, estafas, sumándose lesiones leves y menos graves.
La querella que presentó el INDH, en noviembre de 2019, Villalobos fue golpeado por funcionarios de Carabineros, esto luego de participar de una manifestación en La Florida, siendo abusado sexualmente al interior dela Subcomisaría de Los Quillayes.
Sobre el caso, el ministro de Justicia, Luis Cordero enfatizó que este tema depende de la Subsecretaría del Interior, además de proponer revisar la entrega del beneficio.
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Cordero apuntó "esas pensiones se otorgan bajo determinado tipo de condiciones, tienen una cláusula de revisión. Sin embargo, también hay otro tipo de aspectos que son necesarios de revisar desde el punto de vista normativo".
Por último señaló "fue una persona que denunció violación a Derechos Humanos, que tuvo una calificación con ese fin que le permitió acceder a esa pensión y con posterioridad está involucrado en un ilícito sobre el cual no existe condena, pero que, no obstante, permitiría, en opinión del Ministerio del Interior, revisar su otorgamiento", finalizó el ministro de Justicia Luis Cordero.