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La oposición acusa al ministro Montes de no lograr control jerárquico en su cartera, tampoco eficiencia y eficacia en su ministerio.
Este martes, la oposición presentó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien ha estado en el centro de la polémica por el Caso Convenios.
Cabe mencionar que los primeros en preparar el libelo fueron los parlamentarios del Partido Social Cristiano (PSC), y luego se unieron a la acusación desde la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano.
El libelo consta de cinco capítulos, según explicó la diputada del PSC Francesca Muñoz, y lo acusan de no lograr control jerárquico en su cartera, tampoco eficiencia y eficacia en su ministerio, además de no lograr el cuidado del principio de probidad.
«Un informe de Contraloría es contundente, también hay una persecución penal al respecto, entonces esta es la arista en el ámbito político», comenzó diciendo la parlamentaria.
«Nosotros le planteamos la importancia al Presidente, una y otra vez, que el ministro dejara su cargo, y frente a que él no ha tomado esa decisión es que nosotros ingresamos esta acusación constitucional», dijo la diputada Muñoz.
En esa línea, el ministro Montes, efectivamente, confirmó que no presentará su renuncia al cargo. «Yo estoy aquí porque me lo pidió el Presidente Boric, y si el Presidente Boric estima que yo no debo seguir, yo no voy a seguir, pero yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del Gobierno y por eso estoy cumpliendo esta tarea», dijo Montes cuando se le consultó al respecto.
Producto de las investigaciones por el caso convenios, republicanos e integrantes del Partido Social Cristiano realizarán este martes una acusación constitucional.
Durante el Gobierno de Gabriel Boric, la oposición impulsó otras cuatro acusaciones constitucionales y todas han fracaso. La última, contra el ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, no contó siquiera con los votos de algunos parlamentarios de Evópoli.
Desde el Ejecutivo han criticado esta acción y aseguran que no tiene argumento jurídico ni político, y la Democracia Cristiana (DC) anunció que tampoco la respaldará.
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