Por su parte, el abogado defensor de la parlamentara, descartó de manera tajante cualquier vínculo irregular, mientras que ya están siendo periciados sus teléfonos.
Un nuevo capítulo comienza en Caso Convenios, esto porque la diputada Catalina Pérez quedó, por orden de la Fiscalía, en calidad de imputada, esto a pesar que su círculo más cercano siempre negó la participación de la autoridad en el caso y que solo era, eventualmente, una testigo.
Eso hasta ahora, pues en un informe realizado por la PDI, entregó las primeras pistas que dan indicio que Pérez es parte del caso "conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade".
Por su parte el abogado de la diputada de la República, Gonzalo Mardones, descartó de manera tajante cualquier vínculo irregular de su representada, es por esto que el abogado aseveró "no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha", argumentó.
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Por petición de la PDI de indagar las comunicaciones telefónicas de Catalina, fue que la Fiscalía refutó la defensa que el equipo político y jurídico de la diputada tenia para con ella.
"Solicito a usted practicar las siguiente diligencia: Se realice el análisis del tráfico de llamadas del número correspondiente a la imputada diputada Sra Catalina Pérez Salina, para determinar comunicaciones con los restantes imputados u otros sujetos de interés en la investigación, como de cualquier otra circunstancia relevante que sirva para el esclarecimiento de los hechos investigados", apunta el documento firmado por Cristián Aguilar, fiscal a cargo.
Lo anterior tenía un motivo, ya que el 4 de octubre la Fiscalía pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta, tener acceso a dos teléfonos, esto porque figuraban como pertenecientes a Pérez, según el Ministerio Público.
Fue el 4 de octubre cuando el fiscal Cristián Aguilar, explicó ante el tribunal que "con ocasión de la celebración de Convenios de Transferencia de fondos, por una suma cercana a los $426 millones, entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por medio del ex Seremi Carlos Contreras Gutiérrez y la Fundación Democracias Viva de su representante Daniel Andrade Schwarze", expuso.
Ahora bien, cuando habló de la parlamentaria apuntó que "se ha determinado que la H. Diputada Srta. Catalina Pérez Salinas, quien es investigada como imputada, ha utilizados dos teléfonos", agregando que "vengo en solicitar autorización para solicitar a la empresa ENTEL y MOVISTAR el tráfico de llamadas telefónicas y el tráfico de datos móviles de antenas, que fue operado durante el tiempo comprendido entre los días 01 de Mayo de 2022 y el 30 de Junio de 2023", solicitó Aguilar.
La petición fue aceptada por el tribunal quien señaló "en ambos casos para determinar las comunicaciones y ubicación de los sujetos que participaron en el delito investigado". La Fiscalía investiga como imputada a la diputada Pérez es por esto que su teléfono está siendo periciado por la Unidad de Lavado de Activos, que ya reportó operaciones que pueden provocar sospechas sobre sus cuentas y pondrían en jaque la inocencia de la diputada Catalina Pérez.
