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"Hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, esta es una situación doblemente grave", lamentó el ministro de Desarrollo Social y Familia.
El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, se refirió a los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva.
Cabe destacar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile entregó $426 millones a la organización que era liderada por la pareja de la diputada Catalina Pérez.
Al respecto, el secretario de Estado afirmó que "más allá de los resultados de la legalidad respecto a estos hechos, es evidente para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, esta es una situación doblemente grave. Por lo tanto, a nivel partidario se deben tomar medidas ejemplares".
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"En ese sentido, ya están en el Tribunal Supremo ambas personas involucradas en el caso, están con una suspensión temporal mientras dura el procedimiento y el Consejo supremo ha solicitado la expulsión de ambos militantes", aseveró el ministro de Desarrollo Social y Familia.
"Esta situación que se ha denunciado es inaceptable. En estos momentos está siendo investigada por Fiscalía y requiere que tanto el Gobierno como todos los sectores responsables colaboren para que salga una investigación que permita detectar todo tipo de irregularidades, ilegalidades y que sancione a quien deba sancionar sin importar quién sea y qué color político tenga", destacó el ministro Giorgio Jackson.
Por último, el secretario de Estado defendió las gestiones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y de la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, argumentando que "tanto el ministro como la subsecretaria activaron todos los protocolos".
