No al tráfico de residuos tóxicos, es la campaña que busca frenar una amenaza ambiental y social, un hecho que ya ha sido visibilizado por diferentes actores públicos.
Cada mes, en Chile se desechan alrededor de 2.400 toneladas de baterías que contienen ácido sulfúrico y plomo, dos sustancias altamente contaminantes que pueden afectar gravemente el suelo, los cauces de agua y el aire si no se tratan adecuadamente. Estos residuos peligrosos deben ser reciclados en el mismo país donde se generan, según establece el Convenio de Basilea, un tratado internacional del que Chile es parte desde 1992.
Sin embargo, actualmente existe una amenaza de que se modifique el reglamento vigente, lo que derivaría en exportar para aprovechar los menores costos en su tratamiento gracias a países con menores estándares ambientales y sociales. Hay países limítrofes, como Bolivia, donde estas baterías son apetecidas por bandas criminales de narcotráfico ya que utilizan el ácido sulfúrico de las baterías en el proceso de la cocaína.
Para hablar de este tema urgente hablamos con Carmen Gloria Ide, Ingeniera máster en gestión de la sustentabilidad con estudios en Harward entre otros, con más de 15 años de experiencia y quien ha colaborado con organizaciones públicas y privadas para acompañarlas en acciones que les permitan avanzar al desarrollo sostenible.
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Con el cambio de la normativa vigente estaríamos retrocediendo en términos de nuestra regulación ambiental, Chile posee muchísimas regulaciones ambientales, pero esta es una regulación que vuelve al año 2010, cuando no existía una normativa que prohibía el tráfico de residuos peligrosos por nuestras fronteras. Hoy día con esto lo que se está haciendo es precisamente volver a permitirlo, lo que es algo absolutamente regresivo de cara a la comparación internacional. Los países hoy día tienden a cerrar sus fronteras, a hacerse cada vez más cargo de los de los residuos que generan. En ese sentido la tendencia va a no utilizar a otras economías de menor tamaño o con negocios mucho más contaminantes.
Lo que está haciendo Chile en este momento es volver a abrir un tráfico que ya había quedado en el pasado, es volver a enviar residuos altamente tóxicos a otros países sin poder asegurar la trazabilidad ni su tratamiento adecuado.
Se trata de residuos peligrosos, altamente contaminantes, ya sea para la salud humana o medioambiental, que contienen tóxicos como ácido sulfúrico y plomo, con la gravedad que eso significa, porque son productos que tienen asociado un tratamiento que debe ser especial, por tanto, el permitir el movimiento transfronterizo da una responsabilidad compleja.
Chile hoy día cuenta con plantas de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en su territorio, es más, en el caso específico para las baterías fuera de uso, Chile cuenta con una planta en Calama que cumple con los estándares y normativas ambientales más exigentes del mundo, por lo tanto, debiese ser un orgullo para nuestro país decir que no es necesario exportar residuos porque Chile tiene la capacidad de tratarlos.
Es grave porque el permitir la exportación de residuos viola gravemente los principios de no regresión y progresividad en materia ambiental. Estos principios son plenamente reconocidos en el en el ordenamiento Jurídico de Chile y por tanto, las prácticas de gestión ambiental, racionales y eficientes son aquellas que se desarrollan en nuestro territorio.
Un menor estándar de regulación de estas materias, implicaría que Chile pierda la trazabilidad y estemos contaminando nuestro planeta desde otra desde otra vereda, y en ese sentido también tiene que ver con ser eficientes, si tenemos capacidad en Chile para tratar residuos, ¿por qué los vamos a exportar? Generando, por supuesto los movimientos de residuos altamente peligrosos, con el riesgo que supone, por ejemplo, en barco, en camiones que en muchos casos pueden tener accidentes, derrames, etcétera, y por tanto un riesgo enorme para la salud humana y ambiental.
El Convenio Basilea lo que hace y la importancia que tiene es que faculta los Estados a permitir el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, solo sí el estado de exportación no tiene la capacidad técnica, los servicios necesarios, o los lugares de tratamiento adecuado para hacerlo de manera racional y eficiente. Ese es un principio fundamental del Convenio Basilea, en donde hoy día nuestro país se lo está saltando al permitir la exportación, teniendo la capacidad para hacerlo, es decir, vamos a usar otros países de patio trasero saltándonos esta buena práctica.
Según las disposiciones que pone el Convenio de Basilea, deben existir movimientos controlados, con ciertas normas legales y reglamentarias que regulen la materia, lamentablemente, si la experiencia nos indica que Chile no tiene un control hoy día en sus fronteras para las personas, cómo ocurrió el último tiempo, difícilmente lo va a poder tener para los desechos peligrosos.
Ningún país que haya ratificado históricamente el Convenio de Basilea permite la exportación de residuos, en el contexto sudamericano, no se puede exportar ni a Ecuador ni a Costa Rica, Colombia, República Dominicana y hasta ahora tampoco Chile, Brasil y Argentina tampoco exportan debido a su capacidad comercial, y solo el único que puede exportar por razones obvias es Uruguay, porque no tiene la capacidad técnica por ser un país mucho más pequeño. De esta forma cabe preguntarse ¿Por qué nosotros estamos vulnerando los principios de no regresión y progresividad ambiental y estamos a punto de permitir que se exporten? Eso es lo que no hace ningún tipo de sentido al cambio en esta normativa.
Hoy día dentro de los principales temas sociales que se ve vulnerado en nuestro país, de cara a esta normativa, tienen que ver primero con aquellos que trabajan en la industria del reciclaje, que tienen un rol importante en la gestión de residuos peligrosos a lo largo de nuestro país, entendiendo que hoy día son miles las baterías que nuestro país genera y con ello los residuos tóxicos que conlleva ya sea plomo, ácido sulfúrico, etc. Y que van a perder su fuente de empleo porque evidentemente, al exportarlos, son personas que se quedan sin capacidad de laboral.
Otro riesgo latente radica en que, al poder exportar las baterías, ciertos líquidos, como el ácido sulfúrico u otros componentes peligrosos, puedan quedar mucho más a la deriva de lo que ocurre en la actualidad y eso es un riesgo inminente para las poblaciones cercanas a las plantas de tratamiento que lo hacen de manera ilegal o lo hacen sin cumplir los altos estándares que hoy día tiene Chile
Otro punto importante es que al permitir la importación de residuos peligrosos podríamos estar permitiendo que algunos de los componentes esenciales para la elaboración de drogas cuenten con una carretera autorizada para su tráfico, pasando de ser tristemente un país consumidor a distribuidor de drogas y ligeramente a ser un país productor de drogas, porque estaría ingresando fácilmente y sin ningún tipo de control la materia prima para la elaboración de estas sustancias tóxicas que tanto pueden dañar la salud y el entorno de quienes las consumen..
Si quieres ser parte de la campaña que busca impedir el cambio en la normativa sigue la cuenta de Instagram @no.altrafico.deresiduostoxicos
