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La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió parcialmente el recurso de amparo presentado por las defensoras regionales Loreto Flores y Daniela Báez en favor de madres y embarazadas recluidas en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel.
Cabe destacar que la decisión se enmarca en la situación vivida por una de las internas, quien dio a luz en los pasillos de la unidad penitenciaria.
El fallo reconoció las falencias que existen en el centro penitenciario. Por ello, ordenó a Gendarmería actualizar sus protocolos de atención a las internas, con el fin de otorgar los cuidados necesarios en casos de emergencia obstétrica y pediátrica.
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Al mismo tiempo, exigió adecuar dichos protocolos a los parámetros señalados en los acuerdos internacionales a los que Chile está suscrito. Esto incluye la derivación de la paciente a centros asistenciales en caso de que la unidad no pueda atender una urgencia médica.
¿Qué dice el dictamen?
"En consecuencia, encontrándose vulnerada la seguridad individual de las mujeres que se encuentran privadas de libertad en el Centro Penitenciario Femenino San Miguel, esta Corte queda obligada a adoptar las medidas pertinentes para restablecer el imperio del derecho, en la forma que se indicará en lo resolutivo de esta sentencia", señaló el dictamen.
Así, el tribunal de alzada resolvió acoger el amparo deducido en favor de las internas del Centro Penitenciario Femenino San Miguel en cuanto a que Gendarmería debe disponer a la brevedad de "los mecanismos necesarios para la oportuna derivación de internas parturientas a hospitales civiles; y que se revisen y actualicen los protocolos de actuación en estos casos conforme a parámetros internacionales de Derechos Humanos".
De la misma manera, exigió establecer "planes de capacitación con enfoque de género para el personal a cargo de la custodia de mujeres embarazadas y el tratamiento que debe otorgarse a sus hijos".
La resolución también pide al organismo oficiar a los ministerios de Salud y de Justicia para informar "las medidas que se han adoptado para asegurar la atención de salud a personas privadas de libertad en general, y especialmente a mujeres embarazadas o con hijos lactantes en recintos penitenciarios".
