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El accidente en helicóptero que le costó la vida al ex Presidente de la República golpeó al país en febrero de este año.
El 31 de enero de este año, la Universidad del Pacifico vio el cierre total de todas sus sedes en nuestro país.
La institución contaba con cerca de 30 años de funcionamiento, hasta que en 2019 se comunicó el quiebre permanente del recinto educacional.
Pero a nivel judicial el establecimiento sigue dando de que hablar, pues se presentaron dos querellas, una de los alumnos y otra de los acreedores, que acusan que se realizaron operaciones que pretendían ocultar una suma superior a $4 mil millones del patrimonio de la casa de estudios.
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Querella contra el ocultamiento
La querella fue presentada por Claudio Wortsman, en nombre de “Inversiones y Asesorías Lucerna SpA”, uno de los acreedores de la universidad.
Esta denuncia acusa específicamente a los exdirectivos de Universidad del Pacífico (Julio Ortúzar, Pablo Ortúzar, Ítalo Giraudo, Gloria Vargas y Libardo Buitrago), también a los representantes de STANDARD SpA (Alfonso Boñar, Juan Olcay y Luis Olcay) y, por último, a los abogados Samuel Donoso Boassi (este también representando al exPresidente Sebastián Piñera), Jaime Bonilla Rozas y Francisco Foncea Gutiérrez.
Según el comunicado, el recurso judicial apunta a los tres abogados imputados que “indujeron o prestaron auxilio y cooperación profesional y jurídica en las maniobras destinadas a ocultar bienes por una suma superior a $ 4.550.457.338, poniéndolos fuera del alcance de los acreedores de la Universidad del Pacífico”.
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Defensa de los afectados
Por otra parte, la abogada Daniela Awad, que representa a cerca de 400 alumnos de la casa de estudios, presentó una querella por el delito de prevaricación de abogado.
La acción apunta a los juristas Samuel Donoso y Ramiro Araya por la existencia de intereses contrapuestos entre esta última parte (acreedora), que por definición "persigue el pago de su crédito dentro del proceso concursal'', esta última parte indica el error de los abogados.
Daniela Awad explicó que “con esta acción se busca obtener justicia y el pago de los daños ocasionados a los estudiantes, los querellantes de la causa quienes hasta el día de hoy no han tenido ni solución ni respuesta del grave daño ocasionado a ellos, sus familias y a su futuro profesional”, aclaró la abogada.
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Cabe recordar que ambas querellas ya fueron tomadas por los tribunales y los antecedentes ya están a disposición del Ministerio Público. Por último, el caso del presunto ocultamiento de bienes será investigado por la fiscal América Vergara.
