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El Ejército chileno divulgó un reciente informe llamado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, reconociendo violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El documento asegura que “las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973 - 1990 y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”.
A través de sus redes sociales, durante la tarde del 4 de marzo, el presidente electo Gabriel Boric se refirió al documento redactado por el Ejército de Chile y suscrito por el excomandante en jefe Ricardo Martínez, en el que se repudian las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet.
"El reconocimiento y condena que ha hecho el ejército de su responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH. durante la dictadura es valioso para Chile. Paso histórico para avanzar en verdad. Seguiremos trabajando por la justicia, la reparación. Para que nunca más", afirmó el futuro Mandatario.
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El reconocimiento y condena que ha hecho el ejército de su responsabilidad institucional en las violaciones a los DDHH durante la dictadura es valioso para Chile. Paso histórico para avanzar en verdad. Seguiremos trabajando por la justicia, la reparación. Para que nunca más https://t.co/pKmw2acFnE
— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 4, 2022
Al respecto, Maya Fernández, futura ministra de Defensa, sostuvo a través de sus redes sociales que "las heridas de la dictadura no cerrarán sin verdad, justicia y reparación".
"El reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos es un acto necesario para sanar el alma de Chile y poder, por fin, mirar de frente al futuro", concluyó Fernández, nieta de Salvador Allende.
Caravana de la Muerte
A partir de los datos otorgados por la Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia chilena, la Caravana de la Muerte fue la mayor responsable de desaparecer y asesinar a presos políticos.
Al respecto, el documento confiesa que “uno de los episodios más condenables fue el paso (a fines de 1973) del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la Caravana de la Muerte hasta nuestros días, que hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución”, puntualiza.
“Existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así, dejar a esos jóvenes oficiales y suboficiales de aquellos regimientos, como la cara visible de las ejecuciones”, confiesa el informe.
Por otro lado, el informe asegura que “mantener la disciplina militar radica en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión”.
Sin embargo, aseveran que si bien, la mayoría de las detenciones obedecían a una orden superior, es reprochable que los detenidos hayan sido torturados, como lamentablemente ocurrió y más aún el hecho que algunos hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial, como estaba expresamente dispuesto en el Código de Justicia Militar de 1944", finalizaron.
