El sistema de salud pública en el Biobío enfrenta una crisis de transparencia tras revelarse un hallazgo que ha dejado atónita a la opinión pública. La Contraloría Regional detectó una red de irregularidades masivas en la emisión de licencias médicas al interior del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente.
Lo que parecía una gestión administrativa rutinaria escondía una cifra alarmante: más de 12 mil documentos emitidos sin ninguna atención médica que los justificara.
El informe revela un descontrol absoluto en el uso de las plataformas digitales del recinto, donde se vulneraron protocolos básicos de seguridad y ética profesional. Desde médicos que emitían reposos mientras ellos mismos estaban enfermos, hasta exfuncionarios que seguían operando el sistema desde fuera, el panorama es desolador.
Médicos con reposo y exfuncionarios
La auditoría de la Contraloría determinó que, entre 2023 y 2024, se emitieron exactamente 12.347 licencias sin registro de una consulta previa.
Uno de los puntos más críticos señala que 65 facultativos otorgaron 1.217 licencias a pesar de encontrarse ellos mismos con reposo laboral en ese momento. Aún más grave resulta el uso de cuentas institucionales por parte de profesionales que ya no pertenecían a la dotación del establecimiento penquista.
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Bajo el sistema MEDIPASS del hospital, se emitieron 8.126 documentos electrónicos utilizando credenciales de personas que ya estaban desvinculadas.
Esta brecha de seguridad permitió que el beneficio estatal se distribuyera sin fiscalización, afectando directamente la probidad del sistema de salud regional. El ente contralor apunta a una falta de supervisión jerárquica que permitió que estas prácticas se extendieran de forma sistemática durante dos años.
Solo se ha recuperado el 1% de lo adeudado
El impacto económico de estas irregularidades es profundo y pone en evidencia una gestión deficiente en la cobranza de dineros públicos. De un total de $134.819.496 correspondientes a licencias rechazadas que debían devolverse, el hospital solo ha logrado recuperar poco más de un millón y medio de pesos.
Esta cifra representa apenas el 1% del total, lo que significa que el Estado ha perdido el rastro de casi 133 millones de pesos por falta de gestión.
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Además, el sistema de información de recursos humanos mantiene más de 42 mil registros en estado “pendiente”, evidenciando un retraso administrativo severo. Ante este escenario, la Contraloría ha ordenado al recinto organizar un plan de trabajo urgente para regularizar sus procesos y actualizar todos sus registros.
El hospital dispone de un plazo máximo de seis meses para recuperar los montos adeudados y establecer medidas que impidan la repetición de este escándalo.
