El Senado aprobó la gran mayoría de las medidas contenidas en la megarreforma impulsada por el Gobierno de Chile. La votación significó un importante triunfo para el Ejecutivo en el marco de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.
El proyecto deberá ser votado nuevamente en la Cámara Baja tras los ajustes realizados durante su discusión en el Senado.
A pesar del avance general, una votación controvertida aprobó la eliminación del anatocismo en el sistema financiero. La indicación presentada por parlamentarios busca prohibir de forma definitiva la práctica de cobrar intereses sobre intereses a personas con deudas impagas.
Implicancias de la prohibición del anatocismo en las deudas
El anatocismo se define como la capitalización de intereses dentro de una obligación financiera incumplida por el deudor. Este mecanismo permite que los intereses vencidos pasen a formar parte del capital base para calcular nuevos recargos.
Los promotores de la restricción sostienen que el cobro repetitivo incrementa de manera excesiva el monto total adeudado.
Según los legisladores, la acumulación de recargos dificulta la recuperación financiera de las personas y de las empresas. Por su parte, la prohibición pretende poner un límite al crecimiento acelerado de los compromisos financieros pendientes de pago.
Posición del Ejecutivo y recurso ante el Tribunal Constitucional
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional al considerar que la medida es inconstitucional. Desde el Ejecutivo afirman que la norma invade facultades de iniciativa exclusiva del presidente por impactar al sistema económico.
El requerimiento formal ante el organismo judicial se presentará una vez finalizado el proceso legislativo en el Congreso Nacional.
La controversia genera un nuevo foco de debate dentro de la reforma orientada a dinamizar la inversión y reactivar la economía. El Producto Interno Bruto nacional registró un crecimiento de 2,5% en el año 2025, pero presentó caídas consecutivas posteriormente.
Si el tribunal acoge la postura del Gobierno, la eliminación de esta práctica quedará fuera del texto definitivo de la ley.
