El Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC II, 2015) consagra que en Chile el 16,7% de la población de 2 años y más tiene discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. De esta forma, las personas con discapacidad, son el colectivo en riesgo de exclusión mayoritario en nuestro país.
Para comprender la exclusión social es indispensable relacionarla con diversos aspectos que implican una multiplicidad de factores tales como: estigmatización, discriminación, prejuicios, menos acceso a la educación y al empleo; a desarrollar autonomía e independencia, así como también de formar parte de la esfera pública y política, que se traducen en la vulneración constante de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales entre otros.
Si bien en nuestro país existe tendencia a considerar los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo al marco normativo internacional suscrito por nuestro país, este proceso avanza a paso lento y las personas con discapacidad lamentablemente siguen siendo testigos de la postergación de sus derechos, la invisibilización y el impedimento de poder ejercer una vida libre de violencia y vulneración. Por esta razón, diariamente las personas con discapacidad deben enfrentar obstáculos que no sólo se traducen a factores urbanísticos y/o arquitectónicos que obstaculizan la movilidad, sino que también a factores sociales, económicos y culturales.
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Por otra parte, ser mujer en situación de discapacidad implica una mayor precarización y violencia, que se traduce en violencia de género, menos acceso al empleo, vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, esterilización forzada e infantilización hacia las mujeres adultas que tienen discapacidad psicosocial e intelectual.
En materia laboral, la realidad sigue siendo desalentadora, ya que las personas con discapacidad que se encuentran con un empleo corresponden al 39,3%. De las personas que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, alrededor del 70% se encuentra desempleada (SENADIS, 2013).
El acceso al trabajo es clave y fundamental para luchar contra la discriminación y para superar los círculos viciosos de la pobreza. La inserción al mundo laboral de las personas con discapacidad implica reconocer los derechos de las personas y además fomentar la vida independiente y autónoma, favoreciendo los índices de calidad de vida y al desarrollo personal y social. A su vez, es fundamental que ese empleo sea de carácter formal, que perdure en el tiempo y con las condiciones de trabajo apropiadas.
El enfoque de derecho implica un cambio de paradigma que permite abandonar la mirada caritativa y asistencialista. Reconocer los derechos de las personas con discapacidad es fundamental para lograr una sociedad inclusiva, reconocer la heterogeneidad de la discapacidad y lograr la dignidad de todas las personas que habitan este país.
Reconocemos los avances en las políticas públicas durante la última década, pero aún hay un largo camino por recorrer: garantizar los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y civiles es una tarea social, así como también reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos.
