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La polémica declaración fue emitida en televisión estatal iraní, en un momento de fuerte escalada militar.
La empresa, a su vez, deberá reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y pedir disculpas a los trabajadores afectados.
Un total de 30 millones de dólares deberá pagar la filial brasileña de Volkswagen, luego de que diversos trabajadores fueran sometidos a condiciones similares a la esclavitud en las décadas de 1970 y 1980 en una granja ubicada en la Amazonia, en plena dictadura militar brasileña.
Según lo indicado por el Ministerio Público de Trabajo de Brasil, quienes divulgaron la condena de la empresa automotriz, Volkswagen Brasil deberá pagar 165 millones de reales, lo que se traduce aproximadamente a 30 millones de dólares, así como también reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y pedir disculpas públicas a todos los trabajadores afectados y a la sociedad brasileña.
Según lo indicado al Ministerio Público del Trabajo, el juez a cargo del caso, Otavio Bruno da Silva Ferreira, "las pruebas del caso demuestran que Volkswagen do Brasil no solo invirtió en la Companhia Vale do Rio Cristalino, sino que también participó activamente en su gestión estratégica, beneficiándose directamente de la explotación laboral ilícita". Informes oficiales, testimonios de trabajadores y documentos gubernamentales demuestran que el modelo de producción adoptado incluía servidumbre por deudas, violencia y condiciones degradantes, constituyendo la base del trabajo esclavo contemporáneo".
Según lo constatado durante el juicio y divulgado por el Ministerio Público del Trabajo, "Cientos de trabajadores fueron sometidos a condiciones degradantes, incluyendo guardias armados, viviendas precarias, alimentación inadecuada, servidumbre por deudas y falta de atención médica, especialmente para quienes padecían malaria". Estas prácticas constituyeron uno de los mayores casos de explotación laboral esclava en la historia reciente de Brasil".
El caso llegó a conocerse por autoridades durante el año 2019, quienes recibieron distintos tipos de documentos por parte del padre Ricardo Rezende Figueira, quien entregó el material relacionado con situaciones a las cuales los trabajadores eran sometidos en la propiedad.
La polémica declaración fue emitida en televisión estatal iraní, en un momento de fuerte escalada militar.
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