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El mercado del juego en línea en Chile atraviesa un momento decisivo. La Corte Suprema del país ha emitido un fallo histórico que obliga a los principales proveedores de servicios de internet (ISP) a bloquear completamente el acceso a sitios de apuestas sin licencia. Esta decisión, que afecta directamente a operadores de telecomunicaciones como Claro, Entel, Telefónica, WOM y VTR, marca un antes y un después en la relación entre la justicia, las empresas tecnológicas y de los casinos online. Este fallo podría redefinir el panorama del entretenimiento digital en Chile, impulsando un debate nacional sobre la regulación, la transparencia y el futuro del juego responsable en el país.
El fallo de la Corte Suprema
La decisión judicial surge a raíz de un recurso de protección interpuesto por Lotería Concepción, después de que la Corte de Apelaciones inicialmente rechazara la medida. Los proveedores de internet se habían negado a bloquear dominios vinculados a marcas reconocidas, alegando que el principio de neutralidad de la red impedía discriminar entre contenidos.
Sin embargo, la Corte Suprema fue tajante: la neutralidad solo aplica a contenidos legales. Y en Chile, los juegos de azar en línea no son ilegales por definición, pero sí requieren autorización expresa para operar. De esta manera, el tribunal calificó de "ilegal y arbitraria" la negativa de las empresas de telecomunicaciones a restringir el acceso.
En palabras de la propia Corte: "Aunque no existe una prohibición directa del juego online, este solo es legal si cuenta con licencia expresa".
Una batalla judicial en curso
Desde 2023, los tribunales chilenos se han convertido en escenario de una disputa estratégica. Las empresas de carácter municipal —Lotería Concepción, y los otros operadores — buscan preservar su cuota de mercado y evitar que gigantes internacionales capten jugadores locales sin pagar impuestos ni respetar las normas nacionales.
El fallo refleja la presión que estas instituciones ejercen, al mismo tiempo que pone en evidencia el vacío normativo en el que se encuentra Chile: un país donde el juego online genera millones de dólares, pero carece aún de un marco legal definitivo.
El proyecto de ley estancado
Uno de los grandes problemas de fondo es la parálisis legislativa. Desde 2022, el Ejecutivo ha impulsado un proyecto de ley para regular el juego en línea, estableciendo licencias y un régimen tributario. Sin embargo, los avances han sido lentos y plagados de obstáculos políticos.
En 2023, el proyecto parecía avanzar tras aprobarse artículos relacionados con sanciones penales, impuestos e integridad deportiva. Pero la Comisión de Economía del Senado frenó la discusión, alegando que faltaban definiciones sobre autorizaciones tecnológicas, normas publicitarias y, sobre todo, compensaciones a las loterías municipales por la pérdida de privilegios.
La situación se agravó con el conflicto entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y el Ministerio de Justicia, a raíz de los contratos de patrocinio firmados por clubes con casas de apuestas, sin contar con un marco legal que lo respaldara.
En 2025, el Senado ha retomado la discusión, pero las fricciones entre los distintos actores hacen prever un debate complejo y prolongado.
Impacto económico y fiscal
Las cifras muestran la magnitud del desafío. Según estimaciones oficiales, el juego online en Chile mueve más de 150 millones de dólares anuales. La propuesta de ley plantea un impuesto del 20% sobre el GGR (ingresos brutos de juego), además del IVA, lo que situaría la carga fiscal en torno al 28%.
El Ministerio de Hacienda calcula que con este esquema se recaudarían cerca de 84 mil millones de pesos chilenos(aproximadamente 90 millones de dólares) al año. Parte de estos recursos se destinarían a programas de juego responsable (1% del GGR) y al fomento del deporte nacional (2% de las apuestas deportivas).
El ministro Mario Marcel ha advertido que, mientras no se regule el sector, las empresas extranjeras seguirán operando "fuera de la ley, sin pagar impuestos y sin cumplir estándares de protección al consumidor".
Riesgos y preocupaciones
Más allá de lo económico, las autoridades subrayan riesgos asociados a la falta de regulación. La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, ha señalado que la opacidad en la propiedad de las plataformas y el flujo de dinero abre la puerta al blanqueo de capitales y a la financiación ilícita.
El proyecto contempla una reforma institucional: la actual Superintendencia de Casinos y Juegos se transformaría en la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, con mayores atribuciones para fiscalizar, sancionar y garantizar la transparencia.
La posición de los operadores internacionales
Pese al panorama incierto, las compañías extranjeras han mostrado disposición a adaptarse a una eventual regulación. Varias han colaborado con organismos como la ANFP y han implementado medidas de autorregulación, alegando que respetan las buenas prácticas internacionales.
No obstante, los constantes retrasos legislativos generan frustración entre estos actores, que ven bloqueadas sus posibilidades de operar legalmente en el país.
Los operadores municipales y la defensa de sus privilegios
Por su parte, Lotería Concepción y otros operadores defienden su posición histórica como concesionarios exclusivos en ciertos ámbitos del juego. El temor de estos operadores es que la entrada de grandes marcas internacionales erosione su base de ingresos, que financia no solo premios, sino también programas sociales y culturales.
El debate en el Senado incluye propuestas de compensación económica a estas entidades por la pérdida de privilegios, un punto que ha generado gran controversia y que podría retrasar aún más la aprobación de la normativa.
¿Qué sigue para Chile?
El fallo de la Corte Suprema ha cambiado las reglas del juego en el corto plazo, obligando a los ISP a bloquear páginas de apuestas no autorizadas. Sin embargo, esta medida no resuelve el problema de fondo: la ausencia de un marco legal integral para el juego online.
Con un sector en rápido crecimiento y con miles de usuarios que acceden a plataformas internacionales a diario, el país enfrenta la disyuntiva de seguir apostando por la vía judicial o, finalmente, aprobar una legislación moderna y clara.
La presión es ahora doble: por un lado, de las empresas municipales que buscan defender sus intereses; por otro, de una Corte Suprema que exige orden y de un mercado que genera millones sin tributar.
Chile vive un momento crucial en la regulación del juego online. El bloqueo de sitios sin licencia ordenado por la Corte Suprema es solo un paso dentro de una batalla mucho más amplia que involucra a tribunales, empresas locales e internacionales, y al propio Congreso.
El futuro dependerá de la capacidad del Senado y del gobierno para superar divisiones políticas y aprobar un marco normativo que combine seguridad jurídica, protección al consumidor y recaudación fiscal. Mientras tanto, los usuarios y las empresas continuarán en un limbo donde la única certeza es la creciente presión por regular.
