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Chile podría convertirse en potencia del iGaming, pero la apatía política frena su avance. ¿Qué está en juego y cómo podría cambiar el futuro del sector?
El país actualmente atraviesa un debate creciente por la regulación de los juegos y las apuestas en línea. En los últimos años, el auge del iGaming —que incluye desde casinos virtuales hasta plataformas de apuestas deportivas— ha transformado el mercado del entretenimiento digital sin un marco legal claro que lo regule.
Como se ve el iGaming
Hoy el iGaming opera en una "zona gris" sobre la cual la Superintendencia de Casinos ha advertido que alguna de estas plataformas funcionan fuera del marco legal, mientras el Congreso lleva años debatiendo proyectos para regular la actividad. En paralelo, el mercado crece y se consolida, lo que aumenta la presión para contar con reglas claras, impuestos y herramientas de control del juego problemático.
La apatía no se refiere a un rechazo completo del iGaming, sino a un ambiente institucional lento, fragmentado y poco capaz de procesar reformas complejas. Mientras tanto, los juegos de casino online se siguen desarrollando con rapidez, incorporando métodos para que los usuarios se sientan seguros, como límites de depósitos diarios, autoexclusión temporal y alertas de patrones de riesgo detectados por la inteligencia artificial que ya se implementan muchas plataformas.
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Del pasado al presente
En Chile, la Ley de Casinos de Juego Nº19.995 de 2005 regula licencias, impuestos y mecanismos de fiscalización para casinos presenciales autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ). Esta norma genera ingresos fiscales clave -estimados en CLP 90.000 millones anuales en años previos, destinados a salud, educación y turismo - para 25 casinos como Dreams Punta Arenas, que opera 711 posiciones de juego (502 tragamonedas, 20 mesas de blackjack, ruleta, póquer y 30 de bingo) bajo auditoría estricta.
En contraste, el iGaming crece sin marco legal específico. El proyecto de ley N°14.838-8, en trámite, propone que la SCJ actúe como ente regulador principal, otorgue licencias transitorias a nuevos operadores (con garantía y certificación técnica), cree una Política Nacional de Apuestas Responsables, establezca un impuesto del 20% sobre los ingresos brutos del juego y bloque de IPs y aplicaciones no reguladas.
El futuro está por venir
Para que el país genere mayor confianza y simpatía, no basta con aprobar y ejecutar un marco regulatorio claro; también debe invertir en educación financiera y en programas de juego responsable. Además de ofrecer un entorno fiscal competitivo frente a Brasil, México, Colombia y Perú sin imponer impuestos excesivos, será clave fortalecer la transparencia en la administración del sector y garantizar mecanismos eficaces de control.
A su vez, fomentar la protección del consumidor, la innovación tecnológica y la cooperación con otros países de la región permitirá crear un ecosistema más confiable, sostenible y atractivo para operadores e inversores internacionales. Estas proyecciones, basadas en el crecimiento del mercado —estimado entre 150 y 210 millones anuales— podrían escalar aún más.
Asimismo, se estima que el sector generará más de 10.000 empleos directos e indirectos en los próximos años, incluidos 6.000 puestos remotos en regiones fuera de Santiago (como Biobío y La Araucanía), superando cifras de los casinos físicos tradicionales, -siempre que la ley se apruebe durante 2026-. De hecho, en América Latina, el iGaming ya generó 150.000 empleos directos en 2025, con Chile capturando una porción creciente.
La apatía y la desconfianza política no cancelan las ambiciones del iGaming en Chile, pero sí las vuelven más inciertas, lentas y vulnerables a los vaivenes políticos, lo que afecta la calidad de la futura regulación y la confianza de los distintos actores.
