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Resultó con lesiones leves.
A partir de octubre, el Servicio de Impuestos Internos (SII) iniciará una fiscalización masiva que afectará a más de 165 mil contribuyentes identificados por haber recibido un alto número de transferencias bancarias durante el primer semestre de 2025. Frente a esto, expertos tributarios recomiendan actuar con anticipación y buscar asesoría especializada para evitar sanciones o multas.
La medida se enmarca en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que obliga a las instituciones financieras a informar al SII sobre los titulares de cuentas que superen 50 transferencias en un mes o 100 abonos en un semestre, siempre que provengan de personas o entidades distintas. El objetivo es reducir la evasión fiscal y el comercio informal.
En el reporte entregado por 14 instituciones financieras, al 14 de agosto se registraron 165.571 contribuyentes con movimientos sospechosos, de los cuales el 72% corresponde a personas naturales y el 28% a empresas. En total, se contabilizaron 62,9 millones de abonos, por un monto que supera los $15 billones.
Según explicó el abogado de Asistencia Deudores, Eduardo Lara, "el SII ha clasificado los casos en tres grupos: quienes no han formalizado su inicio de actividades, aquellos que sí lo han hecho pero presentan transferencias sin respaldo contable, y un tercer grupo de contribuyentes que no tiene ninguna justificación para sus movimientos. Estos últimos serán justamente a quienes el SII citará directamente", aclaró.
Ante esta situación, especialistas advierten que muchos contribuyentes podrían estar incurriendo en irregularidades de forma involuntaria, por lo que es clave revisar la información bancaria, preparar documentación de respaldo y recibir asesoría contable y legal a tiempo.
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"Si el SII ya te notificó o sabes que podrías ser citado, lo peor es quedarse de brazos cruzados. Aún hay tiempo para recibir una correcta asesoría, ordenar tus registros y evitar multas o sanciones más graves", afirmó Lara.
En definitiva, la "purga del SII" será una oportunidad para que las personas y empresas regularicen su situación fiscal, pero también un llamado urgente a profesionalizar la gestión contable y tributaria para enfrentar las nuevas exigencias de transparencia financiera.
