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En esta ocasión, el protagonista es Eduardo Villalobos, concejal de San Joaquín y militante del Partido Socialista.
La política comunal vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelarse un nuevo episodio vinculado al uso de cuentas falsas y desinformación en redes sociales. En esta ocasión, el protagonista es Eduardo Villalobos, concejal de San Joaquín y militante del Partido Socialista, quien se encuentra formalmente investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado bajo presuntas imputaciones de fraude informático y otros ilícitos.
El pasado 7 de agosto, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en las dependencias municipales de San Joaquín con el objetivo de incautar computadores y dispositivos electrónicos pertenecientes a Villalobos y a su oficina. La diligencia se enmarca en una pesquisa que busca esclarecer su eventual participación en la creación y utilización de perfiles ficticios destinados a influir en la opinión pública con fines políticos.
La denuncia original fue presentada en marzo por el alcalde de la comuna, Cristóbal Labra, luego de recibir amenazas en su contra. De acuerdo con el relato entregado por la jefatura comunal, Villalobos habría operado una estructura digital para promocionar su imagen y hostigar a opositores políticos, práctica comparable al polémico caso del ex director de Canal 13, cuestionado por maniobras similares.
Fuentes cercanas a la defensa del alcalde señalan que la acción legal podría ampliarse, ya que existirían antecedentes que apuntan a la existencia de una red compuesta por al menos seis personas más. Este grupo, según la denuncia, habría coordinado acciones para desprestigiar no solo al jefe comunal, sino también a integrantes de su círculo familiar, recurriendo a técnicas de fake news y campañas de desprestigio en internet.
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El fiscal adjunto Eduardo Arrieta, encargado del caso, instruyó tomar declaración a víctimas y testigos, además de solicitar a empresas de redes sociales, compañías telefónicas y proveedores de internet toda la información vinculada al uso de estas cuentas.
Peritajes de la PDI habrían logrado rastrear direcciones IP asociadas a la difusión de contenido político apócrifo, vinculando estos registros directamente a equipos y dominios ligados al concejal Villalobos. De ser condenado, el edil y los demás imputados arriesgan penas que van desde 541 días hasta 5 años de presidio.
El episodio genera especial ruido en el Partido Socialista, colectividad a la que pertenece Villalobos, ya que en semanas recientes criticó duramente el caso del periodista Patricio Góngora, ex Canal 13, ligado al Partido Republicano y también cuestionado por el uso de cuentas falsas. La controversia reabre el debate sobre la ética digital en la política local y deja en entredicho las prácticas de figuras públicas que, en lugar de fortalecer la transparencia, recurren a estrategias cuestionables para ganar influencia.
