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La decisión del máximo tribunal
Este miércoles, el pleno de la Corte Suprema votó la remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero. La magistrada ya estaba suspendida de sus funciones luego de conocerse la existencia de conversaciones de WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el denominado caso audios. Dichos antecedentes, calificados como graves, fueron expuestos en la audiencia transmitida por el canal del Poder Judicial.
La vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, explicó que la resolución se adoptó tras una extensa revisión de los hechos. "Con el cúmulo de los antecedentes reunidos, es posible determinar y concluir que la ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura", indicó.
Fundamentos jurídicos de la remoción
El fallo citó expresamente el artículo 80 de la Constitución Política de la República, que faculta al máximo tribunal para sancionar a jueces que no cumplan con un correcto comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En esa línea, se declaró que Sabaj no había mantenido un desempeño acorde a los estándares exigidos y, por lo tanto, se acordó su destitución del cargo de ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.
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Acusaciones en su contra
La relatora de la Corte Suprema expuso en la audiencia tres ejes centrales de las imputaciones. El primero apunta a que Sabaj habría colaborado con Luis Hermosilla en gestiones para nombramientos de cargos dentro del sistema judicial, incluidos ministros de cortes de apelaciones, conservadores de bienes raíces e, incluso, la designación de la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra.
El segundo cuestionamiento se relaciona con una supuesta coordinación de la ministra con Hermosilla para revisar recursos legales que el penalista planeaba ingresar a la Corte de Apelaciones. Finalmente, se agregó un tercer punto: la eventual entrega de información reservada sobre las "tendencias políticas" de otros jueces, lo que habría permitido al abogado definir de manera estratégica la sala y el momento en que resultaba más conveniente presentar dichos recursos.
Argumentos de la defensa
Desde la defensa de Verónica Sabaj se había planteado que los hechos analizados no correspondían a actos de corrupción, ya que no existió contraprestación alguna. No obstante, sí se reconoció que podrían calificarse como conductas imprudentes, aunque a juicio de su representación legal, no configuraban la gravedad que se le atribuyó en el proceso de investigación administrativa.
