"¿Qué te dieron, hermano?": viralizan compleja situación que vivió conductor de aplicación y joven drogado
El chofer conversó por largos minutos con el pasajero, quien completamente ido, no sabía donde estaba parado.
T13 central expuso este domingo un reportaje periodístico que pone en evidencia una serie de denuncias en contra de Ariel Wolfenson, autodenominado "el mejor abogado de Chile".
Este sujeto ha alcanzado una popularidad importante en redes sociales, en donde suele ostentar sus lujos y viajes, los que costearía gracias a su trabajo.
Pero la pieza audiovisual que expuso el noticiero pone en evidencia algunas situaciones que producen ciertas suspicacias a los ojos de los televidentes.
¿Qué dice el reportaje?
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Ariel Wolfenson Rivas es un abogado chileno, que juró ante la Corte Suprema hace aproximadamente seis años, tras estudiar Derecho en la Universidad Diego Portales.
Según señalan, posee dos postgrados y además realizó un curso en Harvard. Su estudio de abogados, en tanto, poseía una calificación de 4.1 estrellas (de 5) en Google.
Aquí surge el primer cuestionamiento, pues a la hora de consultar por los abogados que componen su bufete, estos no figuran en el registro del Poder Judicial, ni de sus supuestas universidades.
En este reportaje, dos ex clientes de Ariel Wolfenson ofrecieron su testimonio, pero lo hicieron resguardando su identidad por miedo a represalias judiciales.
Por otra parte, el noticiero evidenció un caso que tuvo como víctima a un retirado policía de República Checa, que se decidió hace unos años a comprar una parcela en Aysén.
Para enfrentar de buena manera el papeleo legal, el chequio se contactó con el abogado chileno, y establecieron una relación profesional para lograr la compra del terreno.
El precio consignado era de 25 mil 600 dólares (unos 25 millones de pesos), un monto que el ex policía le depositó a Wolfenson. No obstante, el abogado le señaló que la operación no podía ser posible.
El retraso del proyecto se explicó por tres factores: inconsistencias en los planos, la posibilidad de un conflicto ambiental y un mandato notarial que no cumplía con los requisitos establecidos.
Frente a esta situación, el ciudadano checo que había invertido solicitó la devolución de su dinero, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
Posteriormente, se interpuso una querella en contra del abogado involucrado, la cual fue declarada admisible. La investigación quedó en manos del Ministerio Público.
