La abogada fue denunciada por el Ministerio Público por obstrucción a la justicia, cohecho, violación de secreto y fraude de seguros. La funcionaria enfrentará a la justicia junto con su cónyuge, quien tenía la labor de cobrar por los ilícitos.
La abogada asistente de la Fiscalía Local de Linares es acusada de solicitar entre $300.000 y $500.000 a los imputados, con tal de poner fin a las causas en las que estaban involucrados.
El Ministerio Público presentó la denuncia en contra de la funcionaria identificada como Claudia del Pino Acuña, a quien se le sindica como la autora de los delitos de obstrucción a la investigación, cohecho, violación de secreto reiterado y fraude de seguros.
Dentro de sus funciones tenía a cargo la coordinación de causas de mediana complejidad, por lo tanto, debía manejar el sistema informático de apoyo a los persecutores (SAF), según la información que dio a conocer Radio Bío Bío.
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Asimismo, el Ministerio Público informó que la funcionaria contó con el apoyo de su marido, Ricardo Vega Guerrero, quien estaba a cargo de solicitar los beneficios económicos a cambio de dar de baja la causa.
Además, a la abogada Claudia del Pino se le imputa revelar información confidencial a su cónyuge, la que “fue mal utilizada como medio de comisión de delitos”.
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Uno de los casos por el que se le acusa a Del Pino es por el de Diego Vásquez Riquelme, acusado por el delito de manejo de vehículo en estado de ebriedad.
El esposo de la acusada le solicitó al imputado $400.000 a cambio de que Del Pino terminara su causa. Vásquez Riquelme aceptó y la asistente de la fiscalía procedió a cerrar el expediente.
Esta situación se repitió con Samuel Alarcón Urrutia, Enrique Torres Valenzuela, Rodrigo Guerra Morales, Elías Apablaza Vásquez, Ralph Veloz Rodríguez y Eduardo Antonio Lobos Tapia, cobrándoles entre $300.000 y $500.000 por recalificar el delito a uno de menor importancia, entre ellos hurtos, con el fin de archivar la causa.
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El Ministerio Público presentó la declaración de 41 testigos, donde figuran al menos cinco de sus “clientes”, además de la fiscal regional del Maule, Carola D’Agostini, funcionarios policiales, entre otros.
También presentaron evidencia material, tales como documentos, celulares, cuadernos y computadores requisados a los involucrados.
El Ministerio Público solicitó 800 días de presidio menor en su grado medio más una multa de 12 UTM por el delito de obstrucción a la investigación. Ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, por violación de secreto reiterado. Y 10 años de reclusión mayor en su grado mínimo por cohecho para ella y su marido.
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