"Piñera deja un legado sombrío": polémico informe anual de Derechos Humanos en Chile

El director de la oficina en Chile de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, afirmó a Efe que la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó un “legado sombrío en materia de derechos humanos”.

La ONG publicó su reporte sobre el panorama mundial y el capítulo destinado a Chile destacaron que “no hay avances en materia de derechos humanos, justicia y reparación” desde el estallido social de 2019.

Afirmando que la crisis social que se vivió desde el 18 de octubre fue la más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Al respecto, Rodrigo Bustos aseveró que “instituciones como la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, que dependían del anterior gobierno (...), cometieron graves violaciones de derechos humanos y la administración no priorizó ni entregó todos los recursos que se requerían ante tan grave crisis”.

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Asimismo, se refirieron a la impunidad debido a que después de años de las masivas manifestaciones que dejaron a miles de heridos y fallecidos, aún no se ha hecho nada por la violencia policial.

“Por eso hemos dicho que tenemos un legado sombrío en materia de derechos humanos de la Administración de Piñera, y ahora las nuevas autoridades que han asumido en el Gobierno y en el Congreso tienen la obligación de avanzar en saldar esas deudas”, afirmó.

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Reforma a Carabineros de Chile

En este sentido, aseguró que la administración de Piñera dejó “graves” violaciones a los derechos humanos, las cuales se han repetido durante las semanas del nuevo Gobierno de Gabriel Boric, asegurado que también “se han encontrado casos y denuncias” de este tipo.

“Es por eso que hoy día instamos a las autoridades a avanzar urgentemente en una profunda reforma a Carabineros”, agregó.

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“Criminalización” de las demandas indígenas

El director de la oficina en Chile de AI se refirió a los acontecimientos que se viven en la Macrozona Sur, afirmando que “por muchos años hemos planteado nuestra preocupación y condena a la criminalización de la protesta en las regiones del sur".

"El Estado está en deuda por el no reconocimiento constitucional y por la no entrega de tierras ancestrales”, añadió.

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